Útil asociación con privados

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30/06/2010 | EL OBSERVADOR | OPINION | Página 2

Útil asociación con privados.
EDITORIAL

La importancia central del anunciado proyecto de ley sobre inversiones radica en que oficializa la asociación del sector público con capitales privados como política de Estado y parte de nuestra estructura jurídica. La administración Mujica ha acentuado la política del primer gobierno de izquierda de atraer la mayor cantidad posible de inversión externa en emprendimientos íntegramente privados. Pero cada vez que se plantearon formas de asociación con organismos estatales para operaciones conjuntas, airadas voces opositoras surgieron desde los sindicatos y los grupos más conservadores del Frente Amplio. Así ocurrió con AFE y ANTEL, entre otros proyectos frustrados o costosamente postergados por años.

Hasta hace pocos años era casi un dogma la oposición de la izquierda a la asociación estatal con privados, como lo demuestra el referéndum que derogó la ley de empresas públicas, promovido por el Frente Amplio bajo el falaz eslogan de que piratas extranjeros venían a apoderarse del país. Pero llegar al poder forzó un bienvenido giro. Enfrentados a la realidad de gobernar, sus dirigentes de mayor visión reconocieron que sin inversión extranjera directa, como complemento indispensable de los escasos recursos del Estado, Uruguay estaba condenado a seguir derivando en la mediocridad del subdesarrollo.

Desde su histórico encuentro con 1.500 empresarios extranjeros en Punta del Este a comienzos de este año, Mujica no ha cesado de alentar la inversión externa. Esta política sensata se formaliza ahora con el proyecto de ley que está recibiendo sus toques finales en el Ministerio de Economía. La norma define y legaliza tres formas de contratación por fuera del régimen de adquisiciones y contrataciones estatales previstas en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf). Una es la asociación de dos o más organismos estatales para un emprendimiento conjunto. Otra precisa las condiciones para inversiones enteramente privadas. Y la tercera, la que establece con claridad lo que hasta ahora ha sido un foco difuso de desavenencias y discusiones interminables, habilita convenios entre entidades estatales y agentes privados.

La meta es que la inversión privada participe junto al Estado en obras de infraestructura para las que no existen fondos fiscales suficientes, incluyendo el desarrollo de puertos, ferrocarriles y carreteras, esenciales para afirmar el promisorio futuro económico que el país tiene por delante si sabe aprovechar la coyuntura. El momento es el adecuado. La crisis mundial, que sacudió principalmente a las naciones desarrolladas, y la incertidumbre sobre el futuro financiero europeo están volcando en forma creciente la inversión privada hacia las naciones emergentes más confiables. La reputación de Uruguay como país serio, jurídicamente seguro y políticamente estable lo sitúa en sólida posición para atraer esa inversión externa, lo que justifica plenamente la ley proyectada pese a la renuencia de quienes todavía sueñan con el fracasado socialismo estatista.