Telecomunicaciones y libre competencia en Uruguay: ¿compatibles u opuestos?. EDITORIAL

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EL OBSERVADOR  OPINION
18/10/2012 Página 11

POR EVA HOLZ ESPECIAL PARA EL OBSERVADOR

En estas líneas consideramos algunos aspectos de la posible apertura de la competencia en las telecomunicaciones.

La libre competencia en la literatura económica es una utopía. Pero en general, la aplicación de sus reglas en los mercados mejora la eficiencia económica. Por lo que compartimos su conveniencia.

Pero la libre competencia no funciona siempre. En economías muy pequeñas como la nuestra, existen mercados en los que, difícilmente, los actores privados se interesen en ingresar. Porque su beneficio sería inexistente. Y ello aun si se los admitiera como únicos explotadores. Como experimentamos hace unos años con el fracaso de la privatización del agua en el departamento de Maldonado. O más recientemente, con el desinterés por la inversión en el sector ferroviario o nuestra pésima experiencia en el aeronáutico.

En ese contexto, ¿qué pasa con el sector de las telecomunicaciones? Y bien. Por una parte está ANTEL, y por otra, diversos actores privados según los servicios que se brindan. En algunos de estos servicios rige la libre competencia y en otros, en los que el único prestador es ANTEL, no.

De allí que, la primera pregunta que surge de abrirse la competencia en telecomunicaciones, es si habría interés por proveer los nuevos servicios. Y, aparentemente, como nos ilustra el interés político en el tema, es previsible la existencia de interesados, eventualmente nacionales y extranjeros. Con importantísimas diferencias de dimensión y potencial entre unos y otros.

Esto es, los posibles nacionales interesados a ingresar en sectores de telecomunicaciones son económicamente insignificantes comparados con las multinacionales del mismo sector. Estas últimas son incluso mucho mayores que la economía nacional medida por su PIB. Por ejemplo, Telefónica (Movistar) tuvo ingresos operativos globales en 2011 por aproximadamente US$ 90.000. 000.000 mientras que América Móvil (Claro) los tuvo por aproximadamente US$ 47.000.000.000. El PIB uruguayo de 2011 ascendió a aproximadamente US$ 47.000.000.000. Mientras la facturación de cualquier operador nacional en telecomunicaciones, es de alguna decena de millones de US$ – a lo sumo -, y su personal oscila entre 100 y 300 empleados. Sobran los comentarios.

En ese contexto empresarial, y desconociendo la existencia de estudios que analicen estos temas, nos preguntamos cuáles son los actores que prevalecerían naturalmente, si fueran admitidos en Uruguay a competir libremente entre sí, sin restricciones. Y sin ninguna duda, salvo que la ley fomentara o amparara a los empresarios nacionales, el potencial de las multinacionales les permitiría arrasar el mercado nacional mediante promociones, planes gratis, subsidios, etcétera, sin mellar sus cuentas globales. Por ejemplo, Movistar tuvo ingresos en Uruguay en 2011 de ? 228 millones, cifra microscópica frente a sus ingresos globales de US$ 90.000 millones.

¿Cuánto les puede costar a las multinacionales quedarse con el mercado de telecomunicaciones uruguayo? Muy poco. ¿Por qué? Porque ellas ya tienen fuerte presencia en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, etcétera, que les genera enormes economías de escala que abarata sus operaciones en toda América Latina. Para ellas "quedarse" con Uruguay no requiere inversión ni implica casi costos adicionales. Y menos en términos de sus ingresos globales. A diferencia de otros sectores de servicios como el agua o el transporte ferroviario, en los que para ofrecer los servicios en Uruguay debe invertirse también en el país en la infraestructura necesaria para prestarlos.

En cambio, los eventuales actores nacionales en qué costos deben incurrir para penetrar el mercado nacional? ¿Pueden sufragarlos? ¿O Desaparecen? Esta última parece la respuesta natural.

¿Y ANTEL no podría competir con las multinacionales? Tampoco conocemos estudios sobre este tema. Intuitivamente, la respuesta es fácil: no. Es imposible que ANTEL compita con gigantes internacionales y además lo haga con las manos atadas, como consecuencia de su estatuto de ente autónomo del Estado. Seguramente ANTEL tendría en lugar de sus actuales ingresos por US$ 900 millones (compárelos el lector con los US$ 90.000 millones de Telefónica) que le generan resultados positivos (US$ 15 millones aproximadamente en 2011, después de Impuesto a la Renta), pérdidas crecientes que deberían ser absorbidas por Rentas Generales, que como sabemos, se financia con nuestros impuestos. Hasta que alguien dijera basta y la hiciera desaparecer.

De allí que la gran paradoja con la que nos podemos encontrar al liberar totalmente la competencia en telecomunicaciones, es que en lugar de ella se conforme un monopolio u oligopolio de hecho, privado. Situación, en nuestra opinión, mucho peor que la actual. Abrir la competencia en telecomunicaciones, requiere reconocer nuestra realidad y prever cómo evitar que una o dos multinacionales dominantes de la región hagan desaparecer a las empresas domésticas.