Sin gallos ni mediasnoches.

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Organizaciones sociales reclaman debate 'público y abierto' sobre asignación de frecuencias de televisión digital
A mediados de este año el gobierno prevé tener listo un decreto que regule la asignación de frecuencias de televisión digital. El Ministerio de Industria discute desde hace semanas un borrador que luego presentará al presidente José Mujica.

El Ejecutivo pretende que el proceso sea transparente y que se incluyan consultas públicas, pero todavía no se conoce, por ejemplo, si habrá asignaciones directas a los actuales operadores o se utilizarán procedimientos competitivos. La bancada del Frente Amplio todavía no abordó el tema.

En este contexto, la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) elaboró un documento, que presentará hoy (ver recuadro), en el que reclama que el gobierno haga públicos los procedimientos que utilizará para la adjudicación de frecuencias.

La CCD está integrada entre otras organizaciones por la Asociación de la Prensa del Uruguay, el Grupo Medios y Sociedad, Cotidiano Mujer, la Sociedad Uruguaya de Actores, el Colectivo Ovejas Negras, la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. La coalición solicitó una entrevista con Mujica en octubre de 2010 pero la audiencia no fue concedida.

En el texto, la CCD puntualiza en primer lugar que la transición de la televisión analógica a la digital "habilita una nueva oportunidad para introducir criterios democráticos, diversidad, pluralidad y más y mejores contenidos nacionales e incluso extranjeros en la televisión nacional", pero que la concreción de estos criterios depende de cómo se procese la transición.

Reclaman que el debate tenga un carácter público y abierto, y que la asignación de frecuencias no se haga "entre gallos y mediasnoches, a espaldas de la sociedad, y sin atender los estándares internacionales de libertad de expresión".

Si esto sucede, alerta la coalición, el cambio puede culminar "reforzando la concentración de medios en manos de los mismos grupos económicos".

La CCD exige que el Estado instrumente procedimientos "competitivos, abiertos y transparentes" para la asignación.

"No puede realizar la entrega de nuevo espacio en el espectro a los mismos grupos mediáticos históricos, en forma directa, sin plazo, y sin introducir mecanismos de competencia, pluralidad y diversidad", cuestiona. Para la asignación entienden además imprescindible que se apruebe la ley de servicios de comunicación audiovisual, aunque la intención del gobierno es asignar las frecuencias antes de la aprobación de este marco normativo.

Proponen que, eventualmente, los actuales canales privados de televisión abierta (4, 10 y 12) sólo puedan acceder a una señal espejo y no a cuatro o seis, como permitiría la introducción de la nueva tecnología. Alertan además que, según la legislación vigente -que no permite a una misma persona física o empresa ser titular de más de tres frecuencias-, y dado el nivel de concentración de medios actual, los canales privados no podrían acceder a más de una señal sin violar la normativa vigente.

La coalición reclama también que se establezcan contraprestaciones por el uso del espectro, como el pago de cánones, para destinar el monto recaudado por este concepto a los organismos reguladores en la materia y para el fomento de la producción nacional de televisión.