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Sentencias judiciales y propuestas regulatorias propiciadas por el gobierno afectan la libertad de expresión en Uruguay
La actividad de la prensa "se vio afectada" en Uruguay en los últimos meses por dos sentencias judiciales "contrarias a la libertad de expresión", por un proyecto de ley promovido por el gobernante Frente Amplio para "incidir en los contenidos de las emisoras de radio y televisión" y, potencialmente, por el anuncio del nuevo gobierno de crear y aprobar una nueva ley de telecomunicaciones "sin especificar de qué se trata".
Estas son algunas de las conclusiones generales del informe sobre el estado de la libertad de prensa en Uruguay aprobado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su reunión de medio año celebrada en la ciudad de Oranjestad, capital de Aruba.
La reunión de medio año concluyó el pasado lunes 22 y núcleo a representantes de las más de 1.300 publicaciones que integran la organización hemisférica que promueve la defensa de la libertad de prensa y de expresión en las Américas.
Los miembros de cada país presentan un resumen de los hechos más relevantes que hubieren afectado la libertad de prensa cada seis meses. En este caso, el informe sobre Uruguay aprobado por la Asamblea de la SIP, además de referir a las iniciativas gubernamentales para inmiscuirse en los contenidos de los medios de comunicación y a
recientes fallos judiciales, advirtió que aún persisten "dificultades para medios y periodistas de acceder a información pública.
"El período incluyó la parte mí- 5 caliente de la campaña política que terminó el último domingo de noviembre de 2009, con la elección del ex guerrillero tupamaro José Mujica como nuevo presidente de h República. Durante la campaña, tanto Mujica (del gobernante Frente Amplio) como su rival Luis Alberto Lacalle del opositor Partido Nacional) mantuvieron disputas y discrepancias con la prensa", dice el informe.

Fallos adversos. Entre los hechos que causaron mayor preocupación en el caso uruguayo se señalaron fallos judiciales rué "afectaron la libertad de prensa".
El documento final recuerda que en febrero se supo que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) condenó al canal de televisión privado Saeta TV Canal 10 y a dos periodistas, Ignacio Álvarez y Gabriel Pereyra, a pagar una indemnización de U$S 5.000 por daño moral a la ex jueza penal Ana Lima, luego de haber informado hace cinco años sobre una de sus sentencias en un caso de presunto abuso infantil.
"La inquietud que invadió a individuos, analistas y organizaciones se fundamentó en los argumentos empleados por los ministros de la Corte, que desconocieron la nueva legislación que rige desde 2009 en materia de libertad de prensa, contradiciendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya observancia ha sido mandatada a los jueces por las nuevas normas", advirtió el documento aprobado por la SIP.
El informe periodístico que motivó el fallo judicial cuestionado había sido titulado "La otra cara del abuso infantil" en el programa "Zona Urbana", que se emitía en Canal 10, el 18 de mayo de 2005. Allí, los periodistas aludieron al caso de un hombre que había sido procesado con prisión por la jueza Lima. El-individuo permaneció en la cárcel durante seis meses pero luego fue absuelto por un tribunal superior, al considerársele inocente.
Después de la emisión de ese informe, la entonces magistrada Lima inició un juicio contra el canal y los periodistas por daño moral. En febrero de este año, se informó que la Corte había decidido castigar al medio y a los periodistas por la utilización de palabras que consideró "inadecuadas" y por entender que la información carecía de "interés público". También advirtió en su sentencia que los ciudadanos comunes no tienen la suficiente "idoneidad" como para emitir opiniones "sobre la corrección o no de las decisiones judiciales".
El documento de la SIP resaltó que la SCJ empleó argumentos tales como que el "interés público" en las noticias "no sólo debe ser útil u oportuno para el informador, sino calificado por una necesidad social imperiosa", que "el abuso en términos generales supone usar mal, excesiva, injusta e indebidamente el derecho" a la libertad de expresión y que debe exigirse a los periodistas "la mayor prudencia, proporcionalidad y razonabilidad en su ejercicio" debido al "indudable" potencial "lesivo" que atribuyeron a los medios de comunicación masivos, en razón del "poder social que ejercen al generar opinión pública".
Canal 10 resolvió pagar la indemnización a la ex jueza Lima, liberando a los periodistas de algún tipo de erogación, ya que la empresa entendió que habían actuado "correctamente".
En una resolución votada por unanimidad el último día de la asamblea, la SIP manifestó su "enérgico rechazo" a la sentencia de la Corte, advirtió la potencialidad que fallos de esa naturaleza tienen para provocar autocensura entre medios y periodistas, y decidió enviar los antecedentes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y a los relatores especiales en materia de libertad de expresión de la OEA y de la ONU.
Además de ese caso, el informe de la SIP refiere que el 22 de febrero, el periodista Rodrigo Morales, director del semanario "Tres Puntos" de Paysandú, fue condenado a cinco meses de prisión en suspenso por el delito de "difamación", luego de haber publicado más de un año antes información sobre un supuesto involucramiento de autoridades policiales en el tráfico de drogas.
"El 8 de enera de 2009, el semanario en cuestión había informado que dos policías habían sido apresados por intentar ingresar al país un cargamento de cocaína desde Argentina. El semanario había agregado que otros policías podían estar involucrados en el delito y mencionó expresamente al subcomisario Ricardo Coelho. El 22 de enero de 2009, 'Tres Puntos' amplió su información sobre las supuestas vinculaciones con el caso de Coelho", detalló el informe.
La SIP expresó su "sorpresa" por la condena de un periodista por el delito de difamación contra un funcionario público con cinco meses de prisión "cuando las nuevas normas vigentes en el país despenalizaron los delitos cometidos a través de la prensa".

Acceso a la información. La asamblea de la SIP también criticó que la ley de acceso a la información, que entró en vigor en 2008, no esté "siendo respetada por los organismos del Estado".
Sobre el tema, el documento final resaltó dos situaciones: la primera, el 23 de febrero, cuando una sentencia emitida porel juez Homero Rivera de la ciudad de San José ordenó al gobierno municipal a entregar al director del diario local "San José Hoy", David Rabinovich, información de interés público sobre la asistencia prestada a personas y familias pobres desde el año 2004, al amparo de la ley. "La orden del juez no ha sido cumplida aún", añadió.
La otra situación se dio el 12 de marzo, cuando la Organización de la Prensa del Interior (OPI) emitió una declaración "protestando por la ineficacia que está demostrando la ley de acceso a la información pública, en función de la inobservancia que los organismos mantienen sobre ella".

Proyectos del gobierno. Otro punto que generó preocupación para la SIP refiere a las iniciativas gubernamentales vinculadas a la comunicación cuyas finalidades o bien son confusas o, directamente, tienen la potencialidad de que el Estado se dedique a controlar los contenidos de los medios.
El primer caso proviene del gobierno anterior, cuando el 23 de noviembre el presidente Tabaré Vázquez envió al Parlamento un proyecto de ley para la "promoción de la cultura nacional en cine, radio y televisión", que con el argumento de garantizar "el acceso a la diversidad cultural como un derecho humano esencial" y promocionar "los valores múltiples y particulares de la sociedad uruguaya", crea una cuota obligatoria de 50% de programación nacional para los canales de televisión privados (70% para los públicos), de la cual 20% deberá ser de ficción (30% para los públicos).
Además, el proyecto fuerza a la producción de telenovelas y teleseries de ficción uruguayas. Al enviar el proyecto al Parlamento, el gobierno aludió a "la existencia de grandes monopolios transnacionales, con criterios esencialmente mercantiles y comerciales, que concentran la propiedad de empresas culturales y que disponen de poderosas redes que orientan y controlan la producción y distribución de contenidos a nivel global", agregó el documento.
La SIP recordó que esa iniciativa "prevé la obligatoriedad para los medios de televisión abierta privados, de emitir el 50% de su programación con producción o coproducción nacional, incluidos los rubros noticieros, deportes, revistas, variedades, periodísticos, documentales, concursos, entretenimientos y todo tipo de ficción. A su vez establece un mínimo de 20% de ficción nacional, incluyendo en ese concepto largometrajes, cortometrajes, telefilmes, telenovelas, seriales, comedia, drama, policial, programas de humor, videoclips musicales y difusión de espectáculos nacionales (teatro, ópera, recitales y conciertos, carnaval y otros). La iniciativa contempla la creación de un 'Instituto de Mediación Cultural' (IMC) como órgano desconcentrado del Poder Ejecutivo, integrado por tres miembros propuestos por el Poder Ejecutivo cuyas venias Dodrán ser aprobadas por mayoría simple en la Asamblea General. Las sanciones previstas van desde la simple observación hasta la revocación de la concesión. También se prevé la aplicación de multas por un monto que puede llegar hasta un millón de dólares".
La SIP advirtió asimismo que el presidente José Mujica anunció su voluntad de sancionar una nueva ley de telecomunicaciones en Uruguay durante su mandato, sin especificar sus contenidos. Mujica dijo que "el Estado no puede lavarse las manos" en este tema y debe "marcar la cancha".
"Esto no lo podemos dejar dispuesto al mercado. Es obvio que si lo dejamos a los más fuertes, se apropian de todo", añadió el mandatario.
Su esposa, primera dama y primera senadora del gobierno, Lucía Topolansky, ya había declarado que Uruguay precisa "a gritos una ley marco" sobre este tema. "Esa gran orquesta (de medios de comunicación) hay que organizaría" por parte del Estado porque "no puede ser una cosa tan caótica", afirmó.

Cronología de ataques. Estos hechos, que fueron los más destacados de los últimos seis meses, no fueron los únicos puntos preocupantes. La SIP hizo una cronología de los eventos y agresiones que afectaron, para bien o para mal, la libertad de expresión en Uruguay.
El documento recordó que "el 10 de noviembre el gobierno de Cuba colocó en una 'lista negra' y declaró 'persona no grata' a una periodista uruguaya del diario 'El Observador', Patricia Madrid, impidiéndole así cubrir un Foro Global de Investigación en Salud, que se realizó en La Habana una semana después".
"El 12 de noviembre se informa que la jueza de segundo turno Marta Haedo Alonso declaró 'caduca' la pretensión de demanda por daños y perjuicios interpuesta por el ex senador oficialista Leonardo Nicolini y por su hijo, Leonardo Nicolini de la Cuesta, contra el semanario Búsqueda", añadió. El informe evocó que en febrero de 2007 Búsqueda había publicado un artículo titulado "Un senador del gobierno fue intervenido sin costo en un hospital del Estado luego de conseguir para él un carné de pobre (y) después del tratamiento quirúrgico, lo devolvió". En el artículo se informó que el senador en cuestión era el entonces senador Nicolini -quien ocupaba la banca en representación del gobernante Movimiento de Participación Popular (MPP)- y aportó otros elementos informativos, como que su hijo había realizado una declaración jurada falsa. Nicolini dejó su banca en el Senado, obligado a renunciar por la dirección del MPP. Fue, además, indagado judicialmente por el delito de estafa y la fiscal del caso pidió su procesamiento, pero un juez desestimó el planteo fiscal.
La SIP dijo, por otra parte, que el 16 de noviembre integrantes del personal de seguridad del entonces candidato presidencial José Mujica y del intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, agredieron físicamente a dos fotógrafas, mientras cubrían la  inauguración de la "Plaza Líber Seregni". Los hechos de violencia fueron repudiados por la Asociación de Reporteros Gráficos del Uruguay.
El informe señaló asimismo que el 29 de noviembre, el ex presidente Vázquez criticó a la prensa por haber difundido noticias sobre una decisión del estatal Banco Hipotecario (BHU) para otorgarle a su hermano un préstamo de unos U$S 130.000 a efectos de adquirir una nueva casa en un barrio residencial de Montevideo por razones de "seguridad". "Según el presidente -dice el informe- su gobierno le hace 'una guerra a muerte' al narcotráfico y su hermano Jorge Vázquez, prosecretario de la Presidencia, es uno de los responsables de las políticas sobre ese tema".
El 11 de diciembre el entonces embajador de Argentina en Uruguay, Hernán Patiño Mayer, "acusado pública y reiteradamente de interferir en la política uruguaya por su respaldo desembozado a la candidatura del oficialista José Mujica", atacó al diario "El País", acusándolo de haber tratado de "sacar rédito político de una manera vergonzosa" del conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de una pastera finlandesa en la margen oriental del río Uruguay. El periódico consideró "inaudita" la forma en que el diplomático argentino ejerció su tarea diplomática, recordó el informe.
Además, el 10 de enero el presidente de Bolivia, Evo Morales, acusó al periodista uruguayo-boliviano Emilio Martínez de ser un "agente del imperialismo", por haber publicado un libro, "Ciudadano X", en el que detalla críticamente el proceso político que encabezó quien fuera líder cocalero y luego primer mandatario.
El 11 de marzo, la primera dama y senadora Lucía Topolansky arremetió contra la prensa luego de haber admitido su discrepancia con mantener en prisión a los militares más veteranos acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) y de haber propuesto aprobar una "herramienta" legal para que los jueces puedan decidir si dejan en la cárcel a esos individuos o los envían a cumplir reclusión domiciliaria. Las declaraciones de Topolansky levantaron fuerte resistencia en sectores del gobernante Frente Amplio. Posteriormente Topolansky dijo que la prensa "interpretó lo que quiso interpretar" y se lamentó de que "la gente cree que la prensa dice la verdad".
"Desgraciadamente, le creen", dijo la primera senadora del gobierno.