Retraso para proteger al estado

Gobierno retrasará permisos a privados para proveer internet.
agosto 26, 2011
NOTAS DE PRENSA SETIEMBRE 2011
septiembre 1, 2011

Mantener un atraso deliberado en servicios que benefician a la población para dar tiempo al Estado a ponerse a rueda del sector privado, como está haciendo el gobierno con el defectuoso y costoso funcionamiento actual de internet, es negar en la práctica el desarrollo tecnológico que el presidente José Mujica reclama reiteradamente para el país. Ya ocurrió en el pasado reciente con el PET, sistema moderno de diagnóstico de cáncer y otras enfermedades. El sector privado estaba dispuesto a proveerlo de inmediato pero no fue autorizado porque se decidió que lo suministrara el Estado, lo cual supuso más de un año de demora en detrimento de la salud pública.

Es aun peor lo que está ocurriendo con internet. La decisión sobre el PET perjudicó a un número relativamente reducido de personas. Las deficiencias y los costos del servicio de internet de ANTEL, en cambio, afectan adversamente a todas las empresas y al vasto sector de la población que depende de ese instrumento para sus negocios y toda forma de acceso a la información y el conocimiento. Los operadores de TV por cable reclaman desde hace tres años autorización para ofrecer servicios de internet, en competencia con ANTEL. Pero el gobierno, a la espera de una indefinida nueva ley lejana de comunicaciones, ha resuelto postergar el permiso hasta que la empresa estatal pueda afrontar la competencia.

El costo de esta decisión gubernamental lo paga la población. ANTEL ofrece un servicio de calidad técnica notoriamente inferior al de otros países, pero lo cobra mucho más caro. La velocidad del servicio estatal no solo es inferior a la de otros países de la región -como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Colombia y México- sino que está también por debajo de naciones africanas más atrasadas como Zimbabue, Ruanda, Angola y Mozambique. Un estudio técnico concluyó que en Uruguay se paga lo mismo que en Chile por un servicio 25 veces más lento. Los costos de conexión en nuestro país son casi tres veces más altos que en Chile, Argentina y Brasil por un servicio de inferior calidad.

La Organización de Asociaciones de Empresas de Telecomunicaciones para América Latina (Tepal), que nuclea a empresas de 14 países, acaba de denunciar a Uruguay por ser "el único país de la región" que ha tomado una posición "contraria a los principios de universalidad y democratización del acceso a la sociedad de la información". Esta actitud se arrastra desde 2008, cuando empresas operadoras de cable solicitaron autorización con el fin de aprovechar su tecnología para suministrar internet en mejores condiciones técnicas y tarifarias que ANTEL. Como el gobierno se hace el desentendido para darle más plazo al ente estatal para mejorar su tecnología, 59 empresas anunciaron que exigirán ahora al gobierno una pronta definición. La renuencia oficial en el campo de las telecomunicaciones ya se había producido con la habilitación al sector privado para proveer el triple play bajo el Plan Cardales, dispuesta por la administración Vázquez pero congelada por el gobierno actual. El país necesita desarrollarse, el gobierno se compromete a hacerlo pero, en materia de comunicaciones, toma inexplicablemente el sendero atrasado de frenar al sector privado hasta que el sector público se ponga a tono en precio y calidad