Regulación degradada.

Asumen las nuevas autoridades
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La Ursec no debe definir las políticas.
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EDITORIAL
Es estructuralmente ilógica la decisión del gobierno de introducir en la ley de Presupuesto disposiciones para despojar de sus potestades a dos organismos reguladores, Ursec y Ursea, y reasumir esas funciones. Ursec controla hasta ahora las telecomunicaciones, incluyendo la adjudicación y buen uso de las frecuencias estatales concedidas a los canales de televisión y las radios. Ursea cumple igual tarea de vigilancia y administración en el área de la energía y el agua. Ambos organismos fueron creados durante el gobierno del ex presidente Jorge Batlle para que ejercieran un control técnico e independiente en esos campos de actividad y que fijaran políticas de largo plazo.
Pero su función se desnaturaliza si, en vez de contar con la autoridad autónoma que requieren las funciones para las que fueron creados, se les quitan sus atribuciones básicas. Esto es lo que ha hecho el gobierno al incluir el cambio en el proyecto de Presupuesto, sin explicaciones fundadas que justifiquen la medida. Expresa solamente que "la formulación, articulación y coordinación de las políticas estatales en materia de telecomunicaciones y comunicación audiovisual" se transfieren de Ursec al Ministerio de Industria y Energía. Y con respecto a Ursea, el texto degrada sus funciones a vigilar la calidad y seguridad de los servicios de agua y energía y a defender al consumidor.

No se percibe con claridad la razón, y menos aun la justificación, de un cambio que disminuye la garantía de controles sobre servicios esenciales al poner las responsabilidades de regulación en manos de quienes generan esos servicios, o sea controlándose a sí mismos. Esta incongruencia ha provocado el inmediato rechazo de dirigentes blancos y colorados, especialmente en el caso de las comunicaciones por su posible efecto en la libertad de prensa. Nos parecen exageradas las expresiones del diputado nacionalista Jorge Gandini en el sentido de que "esta decisión parece entrar en la agenda regional de la regulación de, entre otras cosas, los medios de comunicación". Y resultan excesivamente alarmantes los dichos del senador Luis Alberto Heber de que la medida del gobierno coincide con el anuncio de una ley sobre medios de comunicación y con "los chips totalitarios" de los gobiernos de Argentina y Venezuela contra la libertad de expresión. Creemos que aún estamos muy lejos de lo que ocurre en Argentina y Venezuela.

Pero sin ir tan lejos, hay razones de peso que aconsejan que el gobierno reconsidere su propuesta. Por un lado, es un contrasentido tener organismos reguladores que no puedan regular porque les quitan sus facultades para hacerlo. Por otro, las medidas contra Ursec y Ursea solo pueden explicarse como un intento del Poder Ejecutivo de centralizar en sus manos mayores poderes, sin argumentos que lo validen. Más inexplicable aun es el retiro de las facultades a la Ursec en momentos en que se anuncia la elaboración de un proyecto de ley de medios audiovisuales. Por el contrario, a la Ursec había que fortalecerla para que pudiera cumplir su función de controlar de monopolios y de fomento de la competencia en el crucial campo de las telecomunicaciones y servicios audiovisuales. Haría bien el Poder Ejecutivo de retirar esos artículos del Presupuesto y ponerlos en una ley común para su eventual discusión en el Parlamento.