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Antel deberá pagar a los guardahilos aunque la SCJ diga lo contrario

Luego de cumplir funciones durante 20 años, los guardahilos, personal contratado por Antel para mantener en buen estado el cableado telefónico en determinadas zonas de la ciudad, reclamaron al ente de las comunicaciones la astronómica cifra de 110 millones de dólares -más o menos lo que costó la polémica Torre de las Telecomunicacionesen el entendido de que ellos eran funcionarios públicos y no contratados, como se especificaba en sus contratos de arrendamiento de servicios.

Luego de varias instancias judiciales, el abogado contratado por Antel para resolver el caso, el doctor Juan Andrés Ramírez, llegó a un acuerdo por el cual se les iba a pagar la no menos astronómica suma de 7 millones de dólares.

Cuando se pierde un juicio en segunda instancia no hay posibilidad de apelar a una tercera pero, de acuerdo a una ley del Poder Legislativo, cuando los juicios contra el Estado superan determinados montos, pasan obligatoriamente a la Suprema Corte de Justicia (SCJ). De modo que, dos días después de firmado el acuerdo por el que alrededor de 150 guardahilos se hacen acreedores a 7 millones de dólares, llegó el fallo de la SCJ a favor de Antel, por el cual los guardahilos no deben ser indemnizados ya que se caería en un “enriquecimiento injusto”. El fallo firmado por Jorge Chediak, presidente de la SCJ, establece, además, que “conforma un verdadero despropósito que la justicia laboral hubiera amparado estos reclamos, aplicando principios tuitivos propios de la relación de trabajo, cuando es claro que los actores se vincularon con el ente por un contrato de arrendamiento de servicios que retribuye su prestación, en términos económicos de verdadero privilegio”.

De no creer Fernando Calloia, vicepresidente de Antel, explicó a este medio que se trata de juicios de larga data (de 2000 en adelante) que el ente perdió en sucesivas instancias judiciales. Más concretamente, en primera y segunda instancia. Mencionó, además, que las citaciones del juzgado para que Antel contestara a la demanda “se destruían o desaparecían”, con lo cual el ente no tenía capacidad de defenderse en los juicios porque -creer o reventar- “no sabía que existían”.

Según Calloia, cuando se conoció el juicio, “la defensa de Antel no fue lo suficientemente buena”.

Cabe agregar que, históricamente, la figura del guardahilos estuvo asociada con el clientelismo, ya que muchos de esos puestos fueron otorgados como “premio” a quienes tenían clubes políticos u otros vínculos con los lemas tradicionales.

Además se trata de una faena bastante ligera en relación con su pago, que muchas veces fue realizada por personal contratado por los guardahilos titulares.

Pero, cerrando el paréntesis, Antel consideró que habiendo perdido dos instancias, una ante el juez y otra ante el Tribunal de Apelaciones, había grandes posibilidades de perder una tercera en la SCJ. Por eso Calloia consideró que “arreglar por 7 millones de dólares fue una excelente jugada”.

El acuerdo fue deliberado para evitar desembolsar 110 millones de dólares. Para el ente, que tiene ganancias anuales por 700 millones de dólares, pagar el 1% (los 7 millones en danza) no es gran cosa.

“Fue un alivio, una tranquilidad”, dijo Calloia.

Para Calloia, el fallo de la SCJ detiene la posibilidad de que existan una serie de juicios en cascada de todos aquellos servicios contratados por Antel. Un fallo contrario podría haber iniciado un tsunami de juicios de agencieros telefónicos, más guardahilos, personal de los servicios de limpieza y un larguísimo etcétera. Algo que escapa al sentido común. “No vayas a lo inexplicable, andá a lo jurídico: se perdieron dos instancias, había una posibilidad elevada de perder una tercera y, en ese caso, la Torre de las Telecomunicaciones iba a ser de los guardahilos, para dar una idea de lo que podría haber pasado”. SS