Organizaciones intentarán revertir en el Senado un «retroceso» para el acceso a información pública

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Organizaciones intentarán revertir en el Senado un "retroceso" para el acceso a la información pública votado por diputados

BUSQUEDA | INFORMACION GENERAL |  22/08/2013 

Las empresas públicas que están en competencia pueden dar ventajas a sus rivales si revelan cierta información. Pero los ciudadanos interesados en conocer esa información son los dueños de esas empresas públicas. Entonces, ¿qué es prioritario? ¿Proteger a la empresa estatal frente a sus competidores o garantizar la transparencia en la información? Ese debate surgió luego de que la Cámara de Diputados votara restricciones al acceso a la información pública.

Las autoridades de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), el organismo encargado de controlar el cumplimiento de la ley, consideran que lo resuelto por los diputados es un "retroceso preocupante" y se proponen intentar revertirlo en el Senado luego de negociar con el gobierno.

La Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública fue aprobada en el 2008 para "promover la transparencia" y "garantizar el derecho fundamental de las personas al acceso a la información pública". Se establecieron los parámetros mínimos de la información que los organismos públicos deben otorgar y se los obligó a mantener registros y presentar informes.

La norma contempla la posibilidad de declarar reservada la información cuya difusión pueda "comprometer la seguridad pública o la defensa nacional", "menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales", "dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país", "poner en riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o la salud de cualquier persona", "suponer una pérdida de ventajas competitivas para el sujeto obligado o pueda dañar su proceso de producción" o "desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales".

También prevé que exista información confidencial, como la que "refiera al patrimonio" de una persona, "comprenda hechos o actos (…) relativos a una persona física o jurídica, que pudiera ser útil para un competidor" o "esté amparada por una cláusula contractual de confidencialidad", además de "los datos personales que requieran previo consentimiento informado".

Reservada. La ley pedía que los organismos públicos clasificaran su información y varios apelaron a las excepciones previstas para declararla reservada.

La telefónica Antel aprobó en julio del 2012 una resolución por la que manifestó que la situación competitiva del sector de las telecomunicaciones "indica la existencia de un riesgo razonable de daño para Antel en caso de difusión de información relativa a su negocio", por lo cual clasificó como "reservada" la información "cuya difusión pueda suponer una pérdida de ventajas competitivas para Antel o dañar su proceso de producción". Para eso "todo documento o expediente" queda "sujeto al análisis respectivo".

Varios organismos más invocaron excepciones para clasificar información como reservada: bancos, ministerios, empresas públicas y gobiernos departamentales (Búsqueda Nº 1.672).

Pero no todos pudieron negar información frente a pedidos de acceso; uno, incluso, llegó hasta la Justicia, que respaldó al interesado. En el 2009 el periodista Guillermo Draper solicitó datos sobre los gastos de Antel en publicidad oficial desde enero del 2006 a diciembre del 2008. La empresa estatal se negó porque consideró que era información "reservada, dado que implicaba revelar datos de altísimo valor estratégico".

El periodista presentó una denuncia ante UAIP porque la respuesta había llegado fuera de plazo. La Unidad hizo lugar a la denuncia y dispuso que Antel debía entregar la información de publicidad de servicios en monopolio. Además sostuvo que la telefónica estatal debía elaborar "versiones públicas" para permitir el acceso a la información de forma global o diferenciada, según se trate de servicios en competencia o en monopolio.

Antel demandó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) la anulación de la resolución, pero ese organismo sostuvo que la información negada por la empresa pública "refiere a publicidad de Antel en general y/o servicios que se brindan en régimen de monopolio", por lo cual "debe ser entregada".

Restricciones. Este año el gobierno decidió reformar la ley de acceso a la información e incluyó algunos cambios en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Uno de ellos agrega una excepción por la cual se podría declarar reservada una información: cuando ésta pudiera "afectar procedimientos de control, evaluacio?n, investigacio?n o deliberacio?n de los sujetos obligados, hasta que sea adoptada la decisio?n respectiva".

Además establece que para clasificar una información como reservada debe demostrarse "la existencia de elementos objetivos que permitan determinar la expectativa razonable de un dan?o al intere?s pu?blico protegido". La información podrá clasificarse como reservada incluso "en el momento en que se reciba una solicitud de acceso, cuando no se hubiera clasificado previamente".

Por otro lado, el gobierno proponía que la UAIP pudiera "desclasificar la informacio?n que hubiere sido clasificada por un sujeto obligado, sin ajustarse a los criterios establecidos en la presente ley".

Cuando llegó esa iniciativa al Parlamento varias organizaciones expresaron su discrepancia, como Cainfo, la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Alianza Regional por la Libre Expresión de Información, que reúne a grupos de varios países de América.

En la Cámara de Representantes, el oficialismo decidió modificar el proyecto que llegó desde el Poder Ejecutivo.

Se mantuvo la nueva excepción, con cambios en la redacción. Pero, en cambio, los diputados decidieron no otorgar a la UAIP la posibilidad de desclasificar información que hubiera sido mal clasificada por un organismo público. Y fueron más allá: incluyeron en el texto que "en ningún caso" la UAIP podrá ejercer la facultad de desclasificación "con respecto a los entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial, comercial y financiero del Estado que presten servicios que se encuentren de hecho o de derecho en regímenes de libre competencia".

La organización Cainfo difundió un comunicado titulado "Peor la enmienda que el soneto", en el que cuestionó que las empresas públicas en competencia puedan "declarar reservada cualquier información que entiendan que les afecta", lo que "no se encuentra en ninguna parte del mundo y viola todos los estándares de acceso a la información pública".

Durante la discusión en el plenario, el diputado nacionalista Pablo Abdala manifestó su oposición a los cambios y planteó que, si bien es razonable que las empresas en competencia no revelen sus estrategias, cierta información debería ser pública. El frenteamplista Alejandro Sánchez respondió que los cambios a la ley de acceso a la información se hacen para proteger a las empresas estatales. La oposición planteó entonces que debería darse un debate sobre qué empresas públicas quieren los ciudadanos.

En ese sentido, Edison Lanza, director de Cainfo, opinó que "hay un debate de fondo grande que no es para aprobarlo en este marco".

"¿Las empresas públicas pueden estar fuera de los criterios de transparencia de la ley? ¿No tienen que dar información eminentemente pública, como el gasto de publicidad oficial? ¿Por qué no se puede conocer? Creo que los accionistas, que son todos los uruguayos, tienen derecho a saber", dijo a Búsqueda.

Cainfo trabaja en un estudio sobre la información clasificada como reservada o confidencial por los distintos organismos. La investigación revela que más del 60% de los rubros clasificados responden a la excepción de información cuya divulgación suponga una pérdida de ventajas competitivas o pueda dañar su proceso de producción. Además la mayoría de esas excepciones fueron interpuestas por empresas públicas.

"Retroceso". Luego de que los diputados aprobaran los cambios, la UAIP y el Consejo Consultivo ?en el que están representadas la sociedad civil, las universidades, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Parlamento? mantuvieron una reunión en la que resolvieron iniciar acciones para intentar que en el Senado se revierta la situación.

Gabriel Delpiazzo, presidente del Consejo Ejecutivo de la UAIP, dijo a Búsqueda que los integrantes de ese organismo están "preocupados por lo que ocurrió en la Cámara de Diputados" porque lo ven como un "retroceso para el acceso a la información pública".

Explicó que "cuando se proyectó esta Rendición de Cuentas se procuraron dos artículos que buscaban darles más herramientas a los organismos para que puedan clasificar bien la información, pero como contrapartida dotar a la Unidad de Acceso de más fortalezas para controlar si se clasificó mal". 

"En la Cámara de Diputados se rompió ese equilibrio con el que se proponían los artículos, porque por un lado se mantienen las herramientas para clasificar mejor la información pero se quita lo otro, el contrapeso necesario, que es dotar a la Unidad de potestades para poder controlar en serio eso. Además se incluye una nueva previsión que de alguna manera coloca a los entes públicos que están en competencia en una situación en la que la Unidad no puede controlar la clasificación de información que estos realicen", opinó.

Afirmó que hasta ahora el nivel de cumplimiento de los organismos públicos en cuanto a la "transparencia activa, que es la información que los organismos tienen que mostrar sin necesidad de que ningún ciudadano la pida, ha sido mejor que el registrado en materia de transparencia pasiva, o sea, en respuesta a los pedidos que los ciudadanos realizan". En la clasificación de información "es donde se ha verificado la mayor cantidad de dificultades prácticas".

Delpiazzo sostuvo que la Unidad "está firme en intentar revertir esta situación", que si se mantiene "tendría un impacto internacional muy negativo en la materia". Por eso esperan "tener un proyecto alternativo que tenga buena recepción en el Senado", para "retomar ese equilibrio y dotar a la Unidad de Acceso para poder controlar y garantizar la tutela del derecho".