Medios de comunicación

Ejecutivo asume potestades de las unidades reguladoras.
septiembre 2, 2010
Asumen las nuevas autoridades
septiembre 2, 2010

Varios medios de difusión se han referido en las últimas semanas a las nuevas tecnologías en comunicación y el rol del Estado.
Estas publicaciones refieren a temas tan variados como el Plan Ceibal, el Plan Cardales, al estudio de proyectos de marcos legales ya sea para controlar el contenido de las comunicaciones difundidas por los medios privados así como conceptos para una Ley de Telecomunicaciones que intente regular la irrupción de las nuevas tecnologías en nuestro medio, llámese digitalización del sistema, triple play o comunicación por IP.
Políticamente resurgen temas como el monopolio de Antel, los tratados internacionales firmados por nuestro país, (compromisos nacionales), la búsqueda del necesario equilibrio entre lo público y lo privado, y, en especial, armonizar políticas viables con la inmensa presión que ejercen las grandes empresas transnacionales por hacerse del mercado. Desde la OCDE hasta el TLC con México pasando por diversas federaciones internacionales empresarías de telecomunicaciones, organizaciones internacionales no gubernamentales y otras como UNESCO y la ONU ofrecen un sustrato político y jurídico contradictorio. Todas estas organizaciones adoptan resoluciones o recomendaciones que presionan a los Estados. Sería muy inocente aceptar que todas tienen el mismo peso cuando los gobiernos disponen. Se debería aceptar que las primeras tienen un poder mucho mayor que las segundas. Por otro lado es necesario constatar cierta dependencia del Estado a la empresa privada en el momento de comunicarse con la sociedad. O dicho de otra forma, la potestad que asume la empresa privada de transmitir u omitir información amparada en la libertad de expresión cuando no en el rating, no garantiza una comunicación socialmente aceptable en su amplitud. Reconozco lo polémico de estas afirmaciones y por ello apoyo todo lo que genere la polémica pública sobre este tema.
La pregunta que me hago, motivo de estas palabras es: ¿Por qué no comenzamos por plantearnos qué debe hacer el Estado para intercomunicarse con la sociedad?
El Estado debe ser garante de esta comunicación. La sociedad de hoy no puede depender de terceros para comunicarse con el Estado, esto dicho en ambos sentidos.
El nivel que ha adquirido la comunicación "horizontal" en la sociedad con el advenimiento de la nuevas tecnologías y las posibilidades que éstas dan de intercomunicación vertical hacen que el Estado deba involucrarse como garante de un derecho y como factor fundamental de democratización.
Pensar pues en un sistema de comunicaciones o intercomunicaciones del estado pasa a ser upa de las reformas esenciales, uno délos mas grandes desafíos en una sociedad moderna, progresista y fundamentalmente, democrática. ¿Qué hacer, por dónde empezar la polémica?
acordar que la referencia al Estado considera, obviamente, a los tres Poderes. Por esta razón habría que pensar en una política de Estado para pactar reglas de juego claras para todos. Y esto porque la actitud, cultura, instrucción u opinión pública sostenida hasta el momento es que la comunicación del Estado debe limitarse a dar cifras oficiales y difundir artes alternativas (es decir no difundidas por los medios privados) y, por cierto, muchas veces, aburridas. Por estas razones habría que plantearse, antes de ver cómo le ponemos límites a los medios privados, cómo montamos un sistema de comunicaciones del Estado que garantice la intercomunicación con la ciudadanía.
¿Para qué?
Resumido en titulares: para educar, capacitar, brindar un mejor servicio de seguridad ciudadana, prevenir en salud y enfermedad, cuidar mejor el medio ambiente, multiplicar la energía productiva y hogareña entre otros grandes temas que hacen, fundamentalmente a la convivencia ciudadana.
El sistema de comunicaciones del Estado deber ser garante de la libertad de expresión de los ciudadanos.
El Estado debe promover la generación de opinión pública en término de ampliar y profundizar la democracia. Significa llegar a la mayor cantidad de ciudadanos con la mayor cantidad de información posible y, necesariamente, desarrollar en los ciudadanos las mayores capacidades para ejercer el libre albedrío.
Si fuera posible la creación de este sistema, entonces habría que plantearse que ahora sí importa el rating y el target. El primero apreciado no con fines comerciales sino sociales. El abarcar la mayor cantidad de público implica garantizar la intercomunicación con la ciudadanía. El segundo también con fines sociales: llegar a segmentos de la población por sus particularidades, productivas, educativas, edades o por dificultades para acceder a la intercomunicación. Todo ello es vital para la integración social. Estos planteos significan cambios de 180 grados en los contenidos actuales de los medios estatales, tanto de los medios analógicos como todos los futuros o por venir.
Esto es para empezar. Indudablemente habría que profundizar en el para qué construir un sistema estatal, cuál sería ese sistema, qué tecnología estaría comprometida y quiénes y cómo deben involucrarse en su construcción.
No hay ningún impedimento jurídico o atadura internacional del país para encarar un proyecto estatal. ¿Por qué, entonces, no empezar por esto para después atender la regulación de los privados? Urge hacerlo. "Hagamos la nuestra y después vemos…"

Salvador Martirena