Mayoría apoya regulación de medios

70% a favor de regular servicios audiovisuales
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Mayoría apoya regulación de medios con órgano de control «independiente»
agosto 20, 2013
 
Mayoría apoya regulación de medios con órgano de control "independiente"
 
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La mayoría de los ciudadanos (70%) considera necesaria una nueva regulación de los medios de comunicación audiovisuales y el 63% quiere que la institución que controle sea "independiente de todo poder", según un estudio sobre televisión presentado el lunes.
El trabajo fue hecho por la Universidad de la República y la Dirección Nacional de Telecomunicaciones. Sus autores son los académicos Eduardo Alonso, Federico Beltramelli, Juan Meyer, Pablo Irigoin y Jaén Motta. Se basa en dos encuestas de opinión pública, realizadas en el 2011 y el 2012 a muestras de 1.002 y 1.005 casos respectivamente, con un margen de error del 3%.
El 70% de los encuestados en 2012 consideró "necesaria" una nueva regulación de los medios audiovisuales de comunicación. Sin embargo, el 75% respondió que no tiene conocimiento de la existencia de un debate sobre ese tema y el 63% ignoraba la "intención" que tenía el gobierno de presentar un proyecto de ley, que se concretó luego de la encuesta.
Consultados sobre de quién debería depender una "institución reguladora de los medios de comunicación, el 63% opinó que debería ser "independiente de todo poder", mientras que el 14% opina que debe depender del Poder Ejecutivo y para el 10% del Poder Legislativo.
Ese es uno de los aspectos más cuestionados del proyecto que presentó el gobierno: la excesiva dependencia política del Consejo de Comunicación Audiovisual que propone, cuyos integrantes son propuestos todos por el Poder Ejecutivo, es criticada incluso por muchos de quienes respaldan la ley.
Pocos saben de la existencia de alguna unidad reguladora de la televisión. El 84% no supo nombrarla. Incluso entre los universitarios la ignorancia sobre esa cuestión es mayoría (68,2%).
Números. La principal fuente de información para el 56% de los encuestados es la TV, seguida por la radio (20,22%), Internet (18,67%) y los diarios (4,44%). Los jóvenes de entre 18 y 29 años son quienes más leen los diarios (4,9%) y quienes más recurren a Internet (34%), mientras que los mayores de 60 años prefieren la TV (63,2%). Ese medio también domina entre quienes solo cursaron primaria; el 68,1% la ve, contra el 31,8% de los universitarios. El 78,9% de los encuestados ve los informativos televisivos a diario.
Más de la mitad piensa que los canales uruguayos son buenos (50,44%) o muy buenos (5%). El 32,67% opina que son regulares, el 6,89% malos y el 4,33% muy malos.
La producción nacional en los canales es escasa para el 54,11% y muy escasa para el 8,33%. A su vez, la mayoría piensa que esa producción nacional es buena (53,35%) o muy buena (6,81%).
La TV pública también recibe una aprobación mayoritaria: es muy buena para el 7,44% y buena para el 47,11%. El 25,33% dice que es regular, el 8,56% dice que es mala y el 3% muy mala.
Aunque hay conformidad con la oferta actual, el 51,89% piensa que con más canales la programación "mejoraría". El 37,33% dice que "no cambiaría mucho".
El 54,11% opina que en el mercado televisivo hay "poca competencia" y el 20,67 que hay "suficiente competencia". Solo el 17,33% lo define como "concentrado". Para casi tres cuartas partes de los encuestados (72%) el mercado debería tener "mayor diversidad".
"Sesgo autoritario". A diferencia de la opinión pública, los representantes de los canales y las empresas de televisión objetan la nueva regulación. El lunes lo reiteraron durante una conferencia que se celebró en el Anexo del Palacio Legislativo.
El presidente de la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu), Rafael Inchausti, opinó que el proyecto "tiene falencias, desarmonías y contraindicaciones que pueden perjudicar el libre flujo de ideas y opiniones en la sociedad".
Según el empresario, el proyecto pretende crear un marco regulatorio "intromisivo, dirigista y que tiene un sesgo autoritario", lo que "podría ser proclive para que los medios tengan tendencia a autocensurarse".
Elena Grauert, abogada asesora de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA), opinó que el diseño institucional "genera problemas de institucionalidad e inconstitucionalidad", ya que "el Consejo debería ser un órgano descentralizado del Poder Ejecutivo como son la mayoría de los órganos reguladores en el resto del mundo" .
Opinó que aunque "no es una ley mordaza" porque "al principio defiende la libertad de expresión", después "empieza a borrar con el codo lo que escribió al principio".
Heber Gatto, también asesor jurídico de CUTA, sostuvo que si se aprueba la ley los contenidos audiovisuales deberán "alinearse (…) con el desarrollo del país tal como lo entiende el poder político dominante en una formulación que por su excepcional vaguedad e indeterminación puede prestarse a las peores arbitrariedades".
"Yo no sé esta ley, si mañana se sancionara, si no la puede manejar un gobierno dictatorial con propósitos chavistas de concepción del mundo. ¿Y entonces qué?", preguntó.
En ese sentido, el abogado brasileño Alexandre Jobim recordó que "hay tendencias peligrosas y errores en Latinoamérica con leyes muy intervencionistas como Venezuela, Ecuador, Argentina, Costa Rica y Honduras". Opinó que "esta ley no es una ley mordaza pero hay sí presiones indirectas por parte del Estado con excesivos controles".
"La ley es arbitraria. Hay contraprestaciones gratuitas para el sector privado. Como si por el simple hecho de ser un servicio público debe servir al Estado declaró Jobim. El proyecto tiene limitación de contenidos, limitación a la venta y concesiones de espacios, limitaciones de transferencias a los negocios, típicas intervenciones del Estado del siglo pasado. Acá en Uruguay no existe concentración de medios".