La intimidad bajo fuego

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A veces presionadas por las potencias centrales, donde hace tiempo el Estado ha avanzado sobre la intimidad de las personas, las autoridades locales también recorren un camino que algunos expertos consideran peligroso

POR MARÍA DE LOS ÁNGELES ORFILA DE LA REDACCIÓN DE EL OBSERVADOR

La Dirección General Impositiva (DGI) conoce lo que usted paga a UTE o ANTEL. Sabe cuál es el límite de su tarjeta de crédito. Sabe cuánto le paga a su empleada doméstica. Sabe si pagó más de US$ 35 mil por su automóvil y si gastó más de US$ 500 en su televisor LCD o en su último viaje. Cuando no sabe si usted es buen pagador, se lo pregunta al Banco Central del Uruguay (BCU), que le deschava sus deudas. Pronto conocerá casi todas sus compras a través de la facturación electrónica. Y, sabiendo todo, más de lo que usted cuenta por ahí, sabe si se olvidó o no quiso confesar algo en su declaración jurada. Nuestro hermano mayor, el Estado, vigila, presuntamente, por el bien de todos. La justificación es sencilla: la recaudación de impuestos para financiar al Estado, dotar de transparencia el mercado financiero, evitar el lavado de activos o proteger la seguridad de sus ciudadanos, lo requiere. Sin embargo, el límite entre el interés general y los derechos a la intimidad, privacidad y confidencialidad, consagrados en la Constitución de la República, no siempre está claro, aunque se espera que esos valores coexistan en cierto equilibrio.
Juristas consultados por El Observador ven con preocupación el avance del Estado sobre la privacidad del individuo, especialmente en materia tributaria, por la divulgación de la lista de la Central de Riesgos Crediticios del BCU, la flexibilización del secreto bancario y la orden a los escribanos de notificar toda transacción superior a US$ 100 mil en efectivo; pero también por las intervenciones telefónicas e instalación de cámaras de vigilancia en lugares públicos. Parece que lo secreto, solo por serlo, connota un ilícito. El abogado tributario Gianni Gutiérrez no duda: "La intimidad cotiza a la baja".

Revelaciones. Desde el 19 de mayo, el BCU publica en la página http://consultadeuda.bcu.gub.uy/consultadeuda datos relativos a la situación crediticia de más de 540 mil sujetos (personas y empresas). Basta ingresar un documento de identidad o RUC en el sistema para conocer cuánto y a quién se debe. Antes se podía consultar solo en persona.

Juristas consultados entienden que es una vulneración al derecho de intimidad y de confidencialidad sin que exista una razón de interés general justificada ni sea un momento de crisis financiera por el que el BCU deba vigilar más de cerca. Incluso, para Juan Manuel Albacete, abogado tributario del estudio Guyer & Regules, es una violación indirecta del secreto bancario porque si el deudor recibe la clasificación 1A (hay ocho categorías según la capacidad de pago) se puede deducir que tiene depósitos. Desde la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU se defiende que no implica ninguna revelación del secreto bancario y se asegura que "no se puede inferir quién es el titular del depósito (puede ser el deudor o un tercero) ni en qué institución está constituido".

El BCU afirma que contribuye a la transparencia del mercado. "La finalidad es que las decisiones de crédito se tomen con el mayor conocimiento de causa sobre situación y comportamiento del deudor, y los datos contenidos en la Central coadyuvan en ese logro", contesta la Superintendencia.

El abogado Diego Rodríguez, socio del estudio jurídico CPA/Ferrere, reconoce que es útil para contratar una empresa o para conceder un crédito, casos por los que prima el interés general por sobre la intimidad, pero debería limitarse a consultas profesionales y no dejar espacio a la curiosidad. "La información crediticia no es exclusiva del deudor, sino también del acreedor", pero "debería existir un registro previo y una razón legítima; de lo contrario, el acceso debería ser denegado". Este sistema sería similar al del Clearing de Informes, que es restringido a afiliados.

Alberto Faget, ex socio de PriceWaterhouseCoopers (PWC), y Eliana Sartori, senior manager del departamento de Tributación Internacional de esa consultora, no cuestionan que el Estado esté en conocimiento de la información, sino que se abra al público sin ningún filtro y sin dar garantías del uso que se hace de la misma. Para Faget, el libre acceso contradice la misma ley que autoriza la difusión (la 17.948) puesto que prevé que sea un servicio contratado. "Además de ser violatorio de la Constitución, no se sigue el camino que marcó prolijamente la ley. El BCU sigue firme en esta especie de difamación", afirma. La Superintendencia no descarta que se puedan incorporar cambios en las funcionalidades del sistema.

Además, la lista de la Central de Riesgo Crediticio "vulnera la seguridad individual", opina Sartori, dado que puede convertir a la persona en víctima de secuestro por un dato que se consigue con un clic. La lista incluye también las líneas por tarjeta de crédito por las que se puede deducir los ingresos. Para Diego Rodríguez, socio del estudio jurídico CPA/Ferrere, esto "va más allá de la información crediticia". Y opina: "Se pasaron de la raya".

La DGI también tiene la potestad de hacer pública su lista de morosos del IRPF. Para Albacete, esta facultad es "peligrosa e inconveniente". En mayo, el titular de la DGI, Pablo Ferreri, dijo que se evaluaba publicar la lista para presionar a 1.200 contribuyentes que no presentaron su declaración jurada en 2007 y 2008. Sin embargo, Ferreri dice ahora que eso ya no está en agenda, puesto que un número importante regularizó su situación. Un dictamen de la sala de abogados de la DGI rubricó que el actuar del organismo provoca "una afectación legítima" del derecho de los particulares "en la medida que se aspira a la protección de la sociedad en su conjunto".

Embrollo legal. La ley 18.331 de Protección de Datos Personales establece que el derecho a la protección de ese tipo de datos es inherente al ser humano; sin embargo, los datos económico tienen un tratamiento diferente. El abogado Martín Pesce, especialista en bases de datos, expresa que la norma los considera "semiprivados", por estar sujetos a un interés general y, por lo tanto, manejados con criterios "más laxos" por las empresas públicas, especialmente la DGI.

Además de la ley 17.948, el BCU cuenta con otra regulación específica que, según un experto en regulación de bases de datos, se hizo "a pedido" de la institución. Se trata del decreto 437/009 que excluye la Central de Riesgos Crediticios de la ley de Protección de Datos Personales. La Justicia desestimó una acción contra el BCU por entender que está habilitado el registro de datos relativos a la actividad comercial o crediticia. Sin embargo, la sentencia apunta dos hechos interesantes: reconoce que "existen ciertos límites para el tratamiento" y que la Central no está eximida puesto que no es una base de datos creada por una ley especial como ordena la ley 18.331. La fuente consultada por El Observador explicó que, por constitucionalidad, debería prevalecer la ley: "La naturaleza de datos personales debería alcanzar a la Central de Riesgos Crediticios. El decreto vulnera el derecho fundamental a la intimidad".

Para Faget hay una contradicción de normas. "Estamos muy bien tutelados por la ley de Habeas Data y perforados por una ley anterior que sería inconstitucional (la 17.948), cuya aplicación no es apropiada y le deja el camino abierto al BCU. Así es muy lesivo".

La abogada Giovanna Lorenzi, jefa de asesoramiento tributario y legal de KPMG, explica que solo se puede promover una acción de inconstitucionalidad contra la ley 17.948 ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Si llega a pronunciarse a favor del demandante, solo tendrá efecto para el caso concreto.

En julio de 2010 el gobierno presentó un proyecto para que la Central de Riesgos se incluyera en la ley 18.331; pero aclaró que no se necesita el consentimiento de la persona para incluir los datos ni para comunicarlos a terceros. Para Rodríguez, esta propuesta no establece un mecanismo de registro, no evita la divulgación de información sobre ingresos y depósitos de una persona, y continúa imponiendo categorías crediticias.

Control policíaco. Así define el senador colorado José Amorín el avance del Estado en la intimidad de los ciudadanos reflejado en las excepciones al secreto bancario. Juristas consultados creen que el súmmum es la potestad que se le quiere conceder a la DGI para solicitar su levantamiento en caso de que sospeche de ilícitos sin que se establezcan causales claras. Para Rodríguez esto termina de desbalancear la relación entre el interés del Fisco y el derecho a la intimidad. "Esta priorización no debería suponer su aniquilamiento total sino un recorte o limitación", opina. Algunos juristas sostienen que la DGI ya está dotada de facultades para cumplir con su trabajo sin traspasar el fuero íntimo del contribuyente. El proyecto de ley del PE prevé la facultad de levantar el secreto bancario a solicitud de la administración tributaria "para verificar la veracidad e integridad de las declaraciones juradas" en la plaza local y en el marco de tratados internacionales. La autorización la da el juez pero Rodríguez sostiene que este se convertirá en un "mero homologador" de la decisión adoptada por la DGI puesto que, dada esa condición, "siempre será conveniente verificar la veracidad", aunque no exista un indicio objetivo que haga presumir razonablemente la ocultación de activos o ingresos. Faget y Sartori ven aquí la creación de la figura "fishing expedition" que no es más que "ir de pesca" de información, que puede o no confirmar una sospecha de defraudación. "Se está fortaleciendo el camino interno para que el Gran Hermano entre a ver las cosas que necesita y las que no", dijo Faget.