Hito para la libre competencia.

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Hubiera sido preferible y más cristalino que el gobierno hubiera actuado antes, sin esperar a una denuncia del sector privado para corregir una irregularidad oficial en el área de las comunicaciones que vulneraba la libre competencia. Pero por lo menos el Poder Ejecutivo decretó finalmente que se liciten dos frecuencias celulares y se subasten bloques de una banda que ANTEL explotaba en forma exclusiva por concesión de Ursec. Este organismo estatal, responsable por regular las telecomunicaciones, obviamente estaba al tanto de la situación, ya que fue el que adjudicó la banda. Pero intimó a ANTEL a dejar de usarla recién después que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo le dio la razón a la empresa privada Movistar, que denunció ante ese organismo que las condiciones en que se concretó ese uso monopólico constituían una violación de las normas de libre competencia.

Ahora el gobierno ha ido más lejos al establecer que la explotación de las frecuencias de celulares y de la cuestionada banda que usufructuaba ANTEL sea abierta a todos los operadores del mercado, que incluyen al ente estatal y a Movistar y Claro, ya establecidos desde hace años en el país. Las frecuencias de celulares serán licitadas, en tanto que bloques de la banda de alta tecnología serán subastados entre las empresas privadas, cuyas ofertas servirán como base para que el gobierno le fije a ANTEL lo que deberá pagar al Estado por el uso de una parte de la banda.

El decreto del gobierno estableció que, al imponerle a ANTEL la obligación de competir con las empresas del sector privado, se busca "transparencia y credibilidad del procedimiento competitivo", así como "proteger a los operadores privados de la falta de transparencia". El curso asumido ahora por el gobierno puede marcar un hito en el campo de las telecomunicaciones, cuyo desarrollo vertiginoso ha transformado de manera drástica la vida cotidiana de todos, en el mundo entero, en la información, los negocios y el entretenimiento.

Afortunadamente la competencia en materia de telefonía celular ha dado buenos resultados en Uruguay. La oferta se ha multiplicado, los precios han bajado drásticamente, los servicios han mejorado y el público se ha subido a la revolución digital y tenemos más celulares que habitantes. Es verdad que pueden mejorar más aun, sobre todo en materia de acceso a internet móvil. Pero no olvidemos que estas mejoras son producto de la libre competencia entre operadores públicos y privados. Es la forma básica y natural de aumentar el bienestar de la gente en cualquier área de actividad, a través de servicios de mejor calidad y tarifas más bajas por efecto de la puja entre diferentes proveedores por conquistar sectores de mercado. Esta meta es la alternativa lógica y provechosa a los monopolios estatales que todavía persisten y que castigan a las masas de usuarios porque no les habilita opciones de elección y los obliga a aceptar lo que les impone un único proveedor, aunque sea malo y caro. Es de desear que el gobierno continúe en esta ruta iniciada en la administración Lacalle, y que la profundice sobre todo en materia de acceso a internet, en calidad y precio.