Gobierno prevé no prohibir que empresas telefónicas brinden TV y se inclina por limitar porcentajes

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Gobierno prevé no prohibir que empresas telefónicas brinden TV y se inclina por limitar porcentajes de mercado para no violar tratados

Ministros, subsecretarios y otras autoridades del gobierno mantienen reuniones en estos días para terminar de definir cómo será la nueva regulación de la radiodifusión, que incluirá un proyecto de "ley de medios". Aunque en el entorno del presidente reconocen que "el esquema está bastante avanzado", todavía hay algunos asuntos relevantes a estudio.
Uno de los temas que la administración de José Mujica tiene que resolver es qué hará con las empresas multinacionales, como América Móvil y Telefónica, que operan telecomunicaciones y quieren brindar servicios de radiodifusión, como la televisión satelital.
Los jerarcas del gobierno tienen claro que hay compromisos internacionales, como el Tratado de Libre Comercio con México, que impiden "hacer cualquier cosa". Por lo tanto, según dijeron a Búsqueda fuentes oficiales, la solución no puede ser prohibir a las empresas de telecomunicaciones que incursionen en la radiofonía sino establecer "porcentajes" de mercado que esas compañías pueden cubrir para evitar la "concentración" de medios.
"Eso es lo internacionalmente aceptable. No es aceptable, en general, prohibir cosas", resumió un integrante del Poder Ejecutivo que forma parte de la discusión del proyecto.
En Uruguay la televisión para abonados ?que en general usa el cable como método de transmisión? funciona con autorizaciones territoriales para que las empresas den su servicio en un área determinada, como una ciudad o un departamento. La televisión satelital es una tecnología inalámbrica que permite el alcance nacional. La única empresa que presta hoy ese servicio es DirecTV.
Pero este año Claro ?propiedad de la multinacional mexicana América Móvil, de Carlos Slim, el hombre más rico del mundo? ganó en la Justicia un litigio que había empezado cuando el gobierno de Tabaré Vázquez le revocó la licencia que le había otorgado para vender al público la tecnología satelital. La española Telefónica (Movistar) también tramita una autorización como esa.
Los operadores de televisión por cable consideran que ese tipo de servicio permite a algunas empresas multinacionales competir con ventaja sobre los proveedores nacionales. A la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) ya llegaron decenas de recursos de empresas uruguayas que opinan que si una compañía multinacional, con mayores recursos económicos que las locales, entra en el mercado, se apoderará pronto de la porción más significativa y hará desaparecer a la competencia.
En las reuniones que se están llevando adelante los jerarcas del gobierno coinciden en que un servicio satelital tiene un costo de funcionamiento más bajo que el de otros sistemas, como la televisión por cable, lo que favorecería a la multinacional mexicana. Por lo tanto la postura oficial es que "hay que limitar la oferta" porque "si tenés una oferta que te barra a todo el mundo, después quedás solo en la cancha".
Las fuentes del gobierno indicaron que "en muchos países está regulado el porcentaje máximo (de mercado) que una empresa puede tener para que no vaya en desmedro de las estaciones locales".
El 31 de diciembre del 2012 el gobierno publicó un decreto para evitar "la generación de monopolios u oligopolios" en el que estableció que "el total de abonados de las empresas de televisión para abonados autorizadas para operar en todo el territorio nacional no podrá superar el 25% del total de hogares de todo el país" y "el 35% del total de hogares de cada territorio", teniendo en cuenta los resultados del Censo del año 2011.
Aunque existe esa norma, el informante consultado sostuvo que en el Poder Ejecutivo prevalece la opinión de que "es mejor que una ley lo establezca".
"Estamos discutiendo cuáles son las combinaciones posibles en ese sentido. Hay que ser muy cuidadosos en la redacción para no violar convenios internacionales. Ese es uno de los puntos claves. Esto queda muy supeditado a lo que nos digan los abogados. Hay que tener cuidado con el Tratado de Libre Comercio con México", señaló la fuente.
Tratado. En noviembre del 2003 los presidentes de Uruguay ?Jorge Batlle? y México ?Vicente Fox? firmaron el Tratado de Libre Comercio cuyo capítulo XI lleva el título "Telecomunicaciones". El acuerdo contempla a las inversiones mexicanas en Uruguay, como las de América Móvil.
Uno de los párrafos de ese tratado dice que "ninguna disposición" obligará "a cualquier parte a autorizar a una persona de otra parte" a operar servicios de telecomunicaciones.
También indica el texto que las partes "garantizarán que cualquier procedimiento" para "otorgar licencias" de "servicios mejorados o de valor agregado" sea "transparente y no discriminatorio"; las solicitudes deberán ser tramitadas en el plazo establecido y no se podrá requerir al interesado otra información que la necesaria para acreditar la solvencia financiera y la calidad de los servicios.
Sobre la competencia, el tratado establece que "cuando una parte mantenga o establezca un proveedor principal u operador dominante para proveer redes públicas y servicios de telecomunicaciones, y éste compita, directamente o a través de una filial, en la prestación de servicios mejorados o de valor agregado u otros bienes o servicios vinculados con las telecomunicaciones, la parte se asegurará que el proveedor principal u operador dominante no utilice su posición para incurrir en prácticas contrarias a la competencia en esos mercados, ya sea de manera directa o a través de los tratos con sus filiales, de modo tal que afecte desventajosamente a una persona de la otra parte".
También se establece que las partes pueden introducir medidas para "impedir la conducta contraria a la competencia", como pedir "requisitos de separación estructural".
Al mismo tiempo que Uruguay analiza la regulación que propondrá, en México el Parlamento estudia un proyecto de ley de telecomunicaciones que impulsa el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Entre otras cosas, propone la creación de un Instituto Federal de Telecomunicaciones ?que investigará y sancionará incumplimientos de las empresas? y de nuevos canales televisivos, la obligación de las empresas de televisión para abonados de que retransmitan gratis los contenidos de televisión abierta y la autorización para que haya inversión privada en todos los sectores de las telecomunicaciones.
Las autoridades que trabajan en la nueva regulación uruguaya están usando legislación comparada de Estados Unidos, España, Francia, Australia y algunos países de América Latina.
Además del aspecto tecnológico lo que queda por resolver es la cuestión de los contenidos y sus limitaciones, como los tiempos, las producciones nacionales y la protección al menor. Los ministerios de Industria y Educación están trabajando en eso. En las próximas semanas el Poder Ejecutivo terminará de pulir el proyecto y lo enviará al Parlamento.