Entrevista al Ministro Ec. Fernando Lorenzo

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Te lo digo sin reservas. Ningún objetivo del plan de gobierno del FA depende de la utilización de reservas monetarias, aseveró el ministro de Economía

Obtener la nota de grado inversor de parte de las calificadoras de riesgo es un objetivo económico del gobierno, que implicaría un reconocimiento a los esfuerzos de consolidación macroeconómica y financiera realizados por la sociedad. En el camino hacia su desarrollo, el país deberá profundizar la complementariedad entre las inversiones públicas y privadas, especialmente en áreas clave, como la de infraestructura. La política de flexibilidad cambiaria es uno de los elementos que permitieron a Uruguay amortiguar los efectos de la crisis económico-financiera internacional. Propuestas como la creación de "entes testigo" deben analizarse en función de su conveniencia específica y no hay que hacer de esos instrumentos algo "sacrosanto". Además, en pocas semanas el gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley cuya sanción permitirá a las AFAP ampliar su campo de inversiones. Para hablar sobre éstos y otros temas de la economía uruguaya, la diaria entrevistó al titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Fernando Lorenzo.

Días atrás supimos que una calificadora elevó la nota de riesgo de la deuda uruguaya, confirmatoria de una tendencia de seis meses. ¿Qué consecuencias le puede deparar a la economía uruguaya en el corto y mediano plazo? -Las directamente vinculadas a que las calificadoras informan al mercado sobre los riesgos de las emisiones soberanas de los países: producen señales o información que deberían facilitar y abaratar el acceso a los mercados. Uruguay tiene en este momento una reputación bien ganada en los mercados, pero las calificaciones de riesgo soberano que tiene están subestimando lo que los mercados piensan sobre los riesgos que tiene invertir en los papeles uruguayos. Nuestra calificación de riesgo se encuentra en muchos casos por debajo de lo que es efectivamente el riesgo percibido por los inversores.

-¿Dice que están corriendo de atrás la situación del país? -Sí. Uruguay tiene fundamentos económicos y un comportamiento reciente de la economía en estos últimos años que está siendo claramente subestimado por la mayoría de las calificadoras.

-¿Ese retraso guarda relación con las dimensiones de la economía uruguaya? -Creo que surge de los análisis y puntos de vista que tienen las calificadoras en general sobre las economías, y en esa comparación Uruguay aparece en una posición que sobreestima algunos de los riesgos atribuidos a su situación económica.

-¿Recuperar el grado inversor puede considerarse una meta del período? -Es un objetivo, porque sería un reconocimiento muy importante al esfuerzo de consolidación macroeconómica y financiera del país. Darle el grado inversor a un país que tiene necesidad de acceso a mercados es una tarjeta de presentación y un activo muy importante para incursionar en los mercados.

-¿Hay un nivel o conjunto de metas mínimas a alcanzar para recuperarlo? -Diríamos que Uruguay avanzó en muchos de los terrenos y elementos sustantivos que las calificadoras tienen en cuenta. En general, el tema que más destacan algunas de las calificadoras es el de las vulnerabilidades que surgen del elevado endeudamiento público. Después de la crisis de 2002 se atravesó una situación de enorme vulnerabilidad en materia de endeudamiento y situación fiscal, que ha evolucionado de manera francamente favorable: hay una situación muy sólida, que permanecerá, y ha mejorado muchísimo la posición en endeudamiento. Cualquier ratio financiero sustantivo muestra reducción del peso del endeudamiento [contra el PIB], y mejora de su perfil, de su exposición a riesgos cambiarios. Pero claramente el país tiene todavía un endeudamiento bruto que plantea alguna vulnerabilidad, y nos comprometimos a continuar reduciendo su peso con relación al PIB.

De todos modos, se está exacerbando el peso de esta vulnerabilidad a los efectos de la calificación de riesgo, porque hay otro conjunto de indicadores económicos y financieros que muestran avances y mejoras muy relevantes en solidez macroeconómica y financiera. Sin lugar a dudas, el país trabaja por mejorar su calificación crediticia porque es una necesidad, y, por tanto, necesita que ese acceso a mercado ocurra en las mejores condiciones posibles de costo.

-¿Qué relación deuda/PIB exigiría salir de esa zona de vulnerabilidades? -Es muy difícil establecer un umbral. El que tendrían en cuenta las calificadoras: nosotros nos proponemos que en este período, la relación deuda bruta/PIB, que se encuentra por encima de 60%, se reduzca al orden de 40% del PIB. Sería un avance muy importante, pero aspiramos a que mucho antes de que ocurra eso las calificadoras no sólo hayan reconocido que Uruguay tiene buenos fundamentos económicos que ameritan distinguirlo con el grado inversor: también debe ser reconocido que este país, toda la sociedad uruguaya, ha hecho esfuerzos formidables para cumplir con sus compromisos de deuda pública. En situaciones extremas posteriores a 2002 Uruguay hizo todo el esfuerzo para evitar el incumplimiento, y así como se evalúa la capacidad de pagar también debe ser tenida en cuenta la voluntad de pagar.

-El informe de esa calificadora refiere a "fortalezas" generadas por la economía uruguaya y dice que le permitieron sortear la crisis. ¿Esperaba que la economía tuviera resto para lograr ese resultado? -En primer lugar, la crisis económica afectó a la economía uruguaya, con sectores impactados por los efectos directos o indirectos de la crisis. Que Uruguay haya tenido un buen comportamiento no quiere decir que la situación no lo haya afectado. Pero probablemente los esfuerzos de consolidación fiscal y financiera, la capacidad de responder con acciones contracíclicas por la política fiscal, y un sector privado que estaba expandiendo notablemente la inversión productiva hayan sido elementos fundamentales para que los efectos fueran mucho más moderados que en otros países de la región. Y no hay que subestimar el papel que tuvo, para enfrentar un shock adverso, el régimen de flexibilidad cambiaria, desde el momento en que permite la amortiguación de estos shocks evitando el traslado directo sobre el empleo y las condiciones de vida.

-¿La conducción económica en el período anterior fue sorprendida por el momento de la explosión y la magnitud de la crisis? -Lo que provocó sorpresas en general fue la cantidad de acontecimientos que mostraban la gravedad de la situación que se iba instalando en el escenario económico de algunas de las naciones industrializadas, y en Estados Unidos fundamentalmente. La naturaleza del problema y su importancia fueron correctamente anticipadas por la política económica, pero sus mecanismos de propagación, afectando no sólo la situación financiera sino también teniendo efectos reales muy claros, y con exigencias muy importantes para las políticas fiscales y las respuestas de política económica de esos países, fueron de una magnitud mucho mayor que la que podíamos esperar. De todos modos, la economía uruguaya estaba en mejores condiciones, en el punto de partida, para enfrentar estas dificultades que lo que había ocurrido en otras oportunidades ante cambios drásticos y negativos en el escenario internacional.

-¿Cabe esperarse que se llegue en este período a una tasa de inversión de 25% del PIB? -Trabajaremos para que ocurra. En 2008, 2009, logramos elevaciones muy importantes de la tasa de inversión bruta interna fija con relación al PIB, con tasas del orden de 20%, y es una línea de trabajo que merece ser profundizada. La inversión productiva está directamente relacionada con la capacidad de generación de empleos, y de empleos de calidad, y con la generación de oportunidades para que haya mejoras en las condiciones de vida de la población, como producto de una prosperidad y de una expansión económica de la que pueda nutrirse la sociedad. Por lo tanto, elevar los niveles de inversión supone superar una restricción histórica del país, de débiles y muy bajos niveles de inversión, y, al mismo tiempo, crear las condiciones para que el crecimiento económico se haga cada vez más sólido y menos vulnerable a acontecimientos externos.

-¿La renuncia fiscal asociada a la normativa sobre inversiones mantuvo equilibrio con la inversión efectiva? -Los incentivos actualmente aplicados para promover la inversión están, por primera vez en la historia del país, directamente vinculados con la contribución de los proyectos al desarrollo del país. Por eso se valora la generación de empleo, expansión de exportaciones, descentralización geográfica, innovación, investigación y desarrollo. Se alineó el sistema de incentivos a la compatibilización con objetivos valorados desde la perspectiva del desarrollo económico y social. Este alineamiento merece una revisión continua y adaptación del otorgamiento de los beneficios a las circunstancias. Éstas hacen que, según la forma en que se comporta la economía y la forma como algunos problemas se van solucionando y otros constituyen nuevos desafíos, haya que ir adaptando ese sistema para mantener esa compatibilidad.

-¿Para el corto plazo del período visualiza la necesidad de hacer algún cambio? -Llevamos algo más de dos años de aplicación del nuevo decreto reglamentario de la ley de inversiones y realizamos continuamente evaluaciones y monitoreos sobre el funcionamiento del régimen, pero en este momento no pensamos en ningún elemento concreto. Aunque aspiramos a hacer una revisión en el futuro inmediato y a mejorar el régimen: ése será el criterio, con la base de que el uso de los incentivos tuvo en los últimos tiempos un papel protagónico y positivo sobre la inversión.

-¿El Estado debe ser un agente inversor competitivo con respecto al sector privado en la asignación de recursos a gran escala para formación bruta de capital? -Hay algunas áreas en que la inversión pública, o desarrollada específicamente por organismos públicos, es decididamente fundamental, sea porque en ellas la disposición del sector privado es débil o porque las condiciones de rentabilidad en las que operarían algunas de esas inversiones serían valoradas de un modo muy distinto: su relación rentabilidad/ riesgo podría ser vista de manera muy diferente por el sector público y el privado. En el futuro el país tendrá que buscar una complementariedad cada vez más importante entre inversión pública y privada: la pública es en muchos casos un prerrequisito para que ocurra la privada, y en otros casos es imprescindible para que ésta se despliegue. Eso, en áreas clave, como la infraestructura, nos lleva a buscar las mejores formas de articulación y cooperación entre ambas iniciativas. Uruguay tiene por delante un enorme esfuerzo de inversión en infraestructuras, en múltiples áreas, y la mejor forma de alcanzar las metas pasará por la suma y la complementariedad.

-¿Sí o no a los entes testigo? -Depende de para qué áreas se piense que este tipo de instrumentos puede ser efectivo. Hay que discutir qué se quiere conseguir, más que los instrumentos: es necesario no poner a éstos delante sino enfocar los objetivos y problemas a resolver. Es probable que en algún tipo de circunstancia el instrumento idóneo pueda ser un tipo de intervención pública directa en la producción, o participar de alguna manera como proveedor de una actividad, pero no hay que hacer algo sacrosanto de los instrumentos per se, hay que ser más finalista, buscando entender la naturaleza de lo que se quiere hacer. Aprendimos mucho de nuestra historia, de la experiencia internacional, y tenemos importantes desarrollos en la disciplina económica que nos ayudan a entender cuáles son las mejores formas de intervención y cuáles los mejores instrumentos para conseguir los objetivos que se plantea la sociedad.

¿Ve ahora algún tipo de objetivos que pudiera demandar ese tipo de herramientas? -En los sectores más importantes en que uno podría pensar, el sector público ya participa: producción de energéticos, de agua, telecomunicaciones.

Uruguay tiene predominio del sector público en múltiples ámbitos de la producción y los servicios consumidos por la población. El país tiene antecedentes en ese tipo de instrumentos.

-¿Qué volumen de deuda puede emitirse para cubrir obligaciones en el quinquenio? -La emisión de deuda que Uruguay realizará está condicionada por dos elementos: el volumen de vencimientos de deuda en estos cinco años, en los que es de interés que el país renueve ese endeudamiento en mejores condiciones, a plazos más adecuados, tasas más convenientes y en monedas más convenientes; y cubrir las necesidades financieras que estén implícitas en el déficit fiscal.

-Se proseguirá con el reperfilamiento de las obligaciones� -Sí, mejorar la estructura de vencimientos, evitar concentraciones en determinados años con acumulaciones muy importantes que planteen intensidad de recursos, evitando que coincidan con situaciones desfavorables de mercado, y mejorar la moneda de denominación.

Uruguay tiene un excesivo endeudamiento en moneda extranjera, en dólares, fundamentalmente, y eso constituye un elemento de vulnerabilidad, en el sentido de que la trayectoria del tipo de cambio influye sobre el volumen y la carga del endeudamiento.

-¿El objetivo es seguir transitando hacia la Unidad Indexada [UI]? -El instrumento de emitir en UI se mostró eficaz para ofrecer a los inversores una alternativa al tradicional endeudamiento en moneda extranjera. La estrategia ha sido buena, no sólo para desdolarizar sino que fue aceptada por los inversores.

-¿Y las tasas actuales que sirven esas emisiones? -Aspiramos a que las tasas que pagamos por endeudarnos sean cada vez más convenientes y adecuadas. Trabajamos siempre para eso y en buena medida las mejoras en las calificaciones de riesgo tienen, o deberían tener, una correlación positiva con tasas cada vez más convenientes.

-La semana pasada usted decía en el Parlamento que de contar con niveles excedentarios de reservas amortizaría deuda� -Los niveles de liquidez tienen como objetivo, en el caso del MEF, atender el funcionamiento actual del Presupuesto; asegurar su correcta ejecución, algo directamente vinculado con el financiamiento de todos los programas y políticas que se llevan adelante; y disponer de recursos suficientes para enfrentar los vencimientos de deuda. Las reservas tienen estos dos usos principales.

-Cuando actores oficiales manejan la idea de financiar [con reservas] obras de infraestructura, ¿hablan exclusivamente de las reservas del Banco Central [BCU], excluyendo las del MEF, que también administra el BCU? -Ninguno de los objetivos trazados en el plan de gobierno del Frente Amplio [FA] depende crucialmente de la utilización de reservas para su concreción. Uruguay dispone afortunadamente de un abanico de opciones de financiamiento, de instrumentos para encarar cada desafío y proyecto. En cada caso habrá que elegir el esquema más conveniente para la ejecución de los proyectos.

-¿Qué modificaciones cabe esperar para el sistema tributario? -Las que están en el programa de gobierno del FA: reducción de dos puntos porcentuales del IVA y mejoras en el sistema de deducciones del IRPF, los dos compromisos más importantes. En el primer caso, con el objetivo de reducir el peso de la tributación indirecta sobre la carga tributaria del país, y en el segundo, los ajustes en las deducciones deben estar guiados por razones de equidad.

-¿Manejan plazos de concreción? -No. Interpretamos que todo lo incluido en el programa de gobierno es para ser cumplido, y el mandato que tenemos es hacerlo cuanto antes y en las mejores condiciones posibles.

-¿La recaudación y el sistema tributario serán la fuente y vía principales para la redistribución de ingresos y recursos? -El papel redistributivo de la recaudación fue debidamente jerarquizado en el primer gobierno del FA, y el nuevo sistema tributario es mucho más justo y equitativo que el previo. Pero estamos convencidos de que, además de eso, es imprescindible que el gasto público esté bien orientado con fines distributivos.

La capacidad redistributiva del gasto público es una de sus propiedades más importantes. Recientemente se divulgaron cifras muy alentadoras sobre resultados francamente importantes en efectos distributivos logrados a partir de la expansión del gasto público social y de programas orientados a atender las necesidades de los sectores más jóvenes, niños y adolescentes.

Profundizar esa línea de trabajo y asegurar que el gasto público social está correctamente orientado hacia la distribución del ingreso es una de las prioridades de este gobierno.

-El salario recuperó en el quinquenio anterior un 20% promedio de poder adquisitivo, de acuerdo con un compromiso previo. ¿Habrá una referencia para este período? -La referencia más importante, que es un lineamiento fuerte sobre el papel de los ingresos y salarios, es que en la medida en que el crecimiento económico continúe, tienen que estar dadas las condiciones para que los ingresos de las familias continúen aumentando y los salarios sigan expandiéndose. Y es bien sabido que lograr que en un contexto de crecimiento haya mejoras en los salarios no es automático: requiere una institucionalidad, una política de estímulo a la negociación colectiva, que el FA logró reinstalar en su primer período de gobierno. Pretendemos continuarlo ahora en un nuevo marco de negociación establecido por la nueva legislación que estrenaremos en materia de negociación colectiva. Ya estamos instalando una negociación que estrenará un marco legal.

-¿Antes de mitad de año? -El lanzamiento de las negociaciones será antes.

-¿Hay sectores de actividad que están exigiendo apuntalamiento? -Hay situaciones específicas en determinados sectores que deberán ser tenidas en cuenta en el marco de la negociación colectiva: la heterogeneidad debe ser tenida en cuenta; y en segundo lugar, el gobierno tiene una preocupación muy importante por los trabajadores que tienen niveles salariales más sumergidos, y pretendemos continuar con una política del primer gobierno del FA que consiste en ocuparse específicamente de las mejoras de ingreso en esos sectores.

-¿Con el salario mínimo nacional [SMN] como referencia? -El SMN es uno de los instrumentos a utilizar para alcanzar estos objetivos.

En los últimos cinco años asistimos a incrementos y adecuaciones del SMN a la realidad, y pretendemos continuar en esa línea de trabajo, aunque no es el único instrumento ni mucho menos.

-¿Se puede pensar en metas de reducción de la informalidad para el período? -Los avances registrados en el período anterior en materia de evasión de impuestos y de reducciones de la informalidad en el mercado de trabajo nos alientan a seguir por ese camino. La reducción de evasión del IVA desde niveles de 33% al inicio del período [pasado] hasta niveles inferiores a 20%, como actualmente, nos muestra que es posible hacerlo; y los avances en formalización del empleo, con resultados históricos de afiliación al BPS, muestran claramente que hay posibilidades reales de abatir la informalidad. Y ambas políticas tienen gran capacidad de aportar a la equidad: no hay inequidad impositiva mayor que la de algunos pagando sus obligaciones y otros no, es una de las formas más duras de la inequidad.

-En los últimos dos años hubo fuertes erogaciones derivadas de la sequía, la crisis y la intervención en el mercado para comprar dólares. ¿Ello obliga a profundizar la incentivación de la inversión privada para cubrir necesidades de capital en áreas como la infraestructura? -No es sólo un problema de incentivos adicionales sino de que los proyectos de infraestructura puedan ser diseñados de forma tal que permitan formas de cooperación y participación del sector privado. Ése es el desafío.

-¿Cómo evalúa la productividad de la economía y de la mano de obra? -Hay sectores en que en los últimos años asistimos a expansiones muy importantes de la productividad, la de todos los factores y específicamente la del factor trabajo, y eso se produjo al amparo de esfuerzos de inversión considerables y de crecientes incorporaciones de innovaciones tecnológicas en múltiples procesos productivos. Probablemente, el esfuerzo en mejora de productividad será la clave en el futuro para que la expansión de la economía, en un escenario internacional crecientemente competitivo, sea la plataforma sobre la cual se inserte el país en un mundo crecientemente exigente, en que las ganancias de productividad son absolutamente clave.

-¿Son elevados los desafíos en productividad de la mano de obra? -El progreso material está directamente relacionado con la expansión de la productividad del trabajo: es la plataforma fundamental sobre la que deben asentarse las mejoras del nivel de vida de la gente. Tenemos un tiempo limitado de la vida dedicado al trabajo y queremos que con el mismo esfuerzo sea más productivo, que con el mismo esfuerzo podamos obtener mejores resultados. Sin duda, ése es el motor de las mejoras de bienestar de nuestras sociedades.

-¿Qué papel cabe esperar de la inversión extranjera directa [IED] en el período? -Que continúe apostando a que en Uruguay tiene oportunidades para desplegarse y obtener condiciones adecuadas para su expansión.

-¿Puede apreciarse a la IED como un acicate para el empresariado local? -Creo que en los últimos años asistimos a una importante capacidad de atracción de IED por la economía uruguaya, pero también convivió con un formidable comportamiento de inversión de empresas y capitales locales. La IED seguramente es atraída por negocios rentables y condiciones de la economía uruguaya que hacen que se confíe en que en este país se pueden llevar adelante esos proyectos. Y esas mismas motivaciones e iniciativas están siendo aprovechadas también por los inversores locales. Ésa es la realidad económica, así es como están funcionando las cosas en el país.

-¿Cabe esperar una masa crítica de inversión en vivienda desde el Estado? -La política de vivienda es una de las prioridades de este gobierno, sin duda, y es de esperar que haya cada vez más instrumentos que promuevan el acceso a la vivienda, en particular para los sectores de más bajos ingresos. Eso requerirá recursos presupuestales adicionales, sin lugar a dudas.

-En el Parlamento adelantó que habrá cambios legales al régimen de inversiones de las AFAP. ¿Habrá un literal específico para obras de infraestructura? -Ahora trabajamos en la redacción de ese proyecto que anunciamos en esa instancia y en unas pocas semanas vamos a tenerlo terminado y a presentarlo en el Parlamento. Incluye ajustes en diversos aspectos que tienen que ver con los límites de inversión que puedan realizar las AFAP en distintos instrumentos, pero todavía trabajamos en ello.

-De persistir presiones inflacionarias en los próximos dos meses, ¿las respuestas pasarán por soluciones fiscales o monetarias? -El compromiso del gobierno es mantener la inflación controlada y compatible con el rango-meta establecido de común acuerdo entre el MEF y el BCU [4%-6%].

Todos los instrumentos y esfuerzos para alcanzar el objetivo se consideran conjuntamente.

La política monetaria y la fiscal tienen posibilidades de cooperar y coadyuvar a que se cumpla.

-¿La competitividad de la producción industrial nacional es un motivo de desvelo para el MEF? -En una economía crecientemente abierta e internacionalizada, los niveles de competitividad y la capacidad de competencia de nuestras empresas en los mercados regionales e internacionales es absolutamente decisiva. Es en la expansión de las exportaciones que se encuentran los factores de crecimiento más genuinos que tenemos que explotar en el futuro; por lo tanto, todo lo que tiene que ver con la consolidación de una economía preocupada por la productividad y proclive a promover y mejorar la capacidad de competencia es absolutamente fundamental.

-A fines del año pasado la presidencia del Banco República [BROU] anunció el inicio del análisis de un proyecto conjunto con el Bndes brasileño para crear un banco de inversión del BROU. ¿El MEF participa en el proyecto? -El proyecto está siendo estudiado por el BROU, y lo que hay de parte del MEF y de la política económica en general es la preocupación por promover instrumentos e institucionalidad que otorguen financiamiento a largo plazo. El objetivo de un banco de inversión u otros instrumentos de similar inspiración es facilitar el acceso de las empresas a financiamiento de largo plazo, algo que no abunda en las modalidades de intervención bancaria existentes en el país.

Lo apoyamos con mucho entusiasmo.

-¿Cabe esperar que en este período se comiencen a abrir los capitales de las empresas públicas que operan en derecho privado? -En muchas oportunidades las empresas públicas han apelado al financiamiento del mercado con emisiones de obligaciones.

Esas modalidades de financiamiento no bancario en la inversión de empresas públicas se mostraron como un instrumento idóneo; la experiencia es buena y se debe trabajar en la misma dirección.

-¿Habrá cambios en el régimen de Zonas Francas? -No, no estamos trabajando en ningún aspecto relativo a esto.

-¿Cabe esperar una pauta de referencia de ajuste salarial para el sector público? -Trabajamos con el Ministerio de Trabajo en la definición de lineamientos para la negociación colectiva tanto en públicos como en privados. Estimo que a principios de mayo ya tendremos avances claros en esta materia.

Ernesto Alazraki