El Poder Ejecutivo prepara reforma legal para hacer alianzas con empresas privadas

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Mientras empieza a afinar las proyecciones financieras y avanza la discusión política en tomo a las prioridades de gasto que se plasmarán en el próximo Presupuesto quinquenal, la administración del presidente José Mujica tiene decidido incluir en esa ley una serie de cambios normativos para habilitar las asociaciones público-privadas. Por esa vía prevé llevar adelante un "ambicioso programa" con mejoras en la infraestructura ferroviaria, en el sistema carcelario, en carreteras y en el dragado de puertos, por ejemplo, adelantaron a Búsqueda fuentes oficiales.
Para poder establecer esas sociedades con privados -quienes se espera que ofrezcan un "apalanca-miento importante" de las inversiones-, se estudian varios cambios legales y se prepara la "instrumentación contractual" contemplando las "prácticas internacionales", lo que supone trabajos técnicos "complejos", según los informantes.
Las asociaciones con los inversores privados no se harán en "cualquier condición" y habrá que "homologar formas, procedimientos y determinarlos riesgos" que asumirá cada parte en los proyectos que se decida ejecutar, explicaron.
En línea con la visión del presidente Mujica, las autoridades entienden que las obras para recomponer el transporte ferroviario son claves. Los informantes aseguraron que los proyectos en ese sector que se ofrecerán para establecer alianzas con los privados "son rentables" por la mayor demanda de servicios de carga.
También destacaron que esas obras en la infraestructura ferroviaria permitirán reducir costos a las empresas que precisan transportar mercaderías y, a su vez, aliviarán los gastos en mantenimiento de las rutas en los que incurre el Estado, por la sobrecarga a que están sien-. do sometidas hoy.
En el caso de las carreteras, se exploran diversos esquemas de pago por la inversión que hagan los socios privados, alternativas al peaje directo. Las fuentes indicaron que una posibilidad es establecer peajes "sombra", es decir fijar cierto monto -que pagarán los usuarios- relacionado con la cantidad de vehículos que circulen por la ruta que fue mejorada.
Por otra parte, señalaron que para mejorar la infraestructura portuaria se contempla la posibilidad de que inversores privados hagan con fondos propios el dragado, una obra que actualmente tiene un "costo muy alto" para el Estado. Como contrapartida, el gobierno deberá "repagar" el proyecto en determinadas condiciones que se estipularán en los contratos, añadieron.
En materia carcelaria, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, afirmó ayer miércoles 10 en radio El Espectador que se planea que la "seguridad y la rehabilitación" sea responsabilidad del Estado, y que la "construcción y el mantenimiento quede en manos privadas".
El gobierno estima que se necesitará invertir U$S 1.800 millones en infraestructura durante todo el periodo. "Si pensamos en las vías presupuéstales tradicionales es absolutamente imposible", dijo el vicepresidente de la República, Danilo Astori, en declaraciones publicadas ayer por "El País".
La Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) jugará un papel clave en este esquema, porque se encargará de articularlos acuerdos público-privados para el financiamiento.
En este marco, las fuentes de Búsqueda aseguraron que está decidido que la CND sea presidida por el economista Luis Porto, quien al inicio de la primera administración del Frente Amplio se desempeñó como asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y en el último tramo estuvo vinculado con la Unidad de Apoyo al Sector Privado qué funciona en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas.
Como vicepresidente será propuesto el actual titular de la CND, Arturo Echevarría. El tercer cargo en el Directorio formará parte de negociaciones con los partidos de la oposición, indicaron.
Paralelamente, Mujica y su gabinete ministerial empezaron a discutir las "prioridades políticas" en tomo a los dineros que se asignará a cada área a través del proyecto de ley de Presupuesto quinquenal, dijeron las fuentes.
Entre los jerarcas hay consenso en que la seguridad pública, la infraestructura carcelaria y la asociada al transporte deben estar entre los primeros lugares en la asignación de fondos.