El Plan Cardales tiene los días contados

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Informe de Juan Andrés Elhordoy

(emitido a las 7.43 hs.)

EMILIANO COTELO:
La frase del título podría adjudicarse a un vocero contrario a la implementación del plan. Pero no. En realidad fue dicha por un especialista que viene trabajando en la instrumentación del nuevo triple play uruguayo.

Los propulsores del Plan Cardales sostienen que el decreto reglamentario firmado a fines de noviembre por el presidente Tabaré Vázquez debe quedar como está.

¿Por qué? Porque existe una ventana de oportunidad que debe aprovecharse.

La razón, es sencilla.

Los avances tecnológicos que se están dando a nivel mundial en materia de transmisión de datos liquidarán, de hecho, la posibilidad de mantener el monopolio que mantiene Antel en cuanto a la distribución de banda ancha a través de la red telefónica.

Para ser más claros. En dos o tres años, es altamente probable que los propios operadores de televisión por cable queden técnicamente en condiciones de ofrecer canaleras con acceso a internet. Esta nueva forma de banda ancha llegaría por medio de chips, como los de la telefonía móvil, y tendría mucho mayor velocidad que la conocida hoy. Si esto se concreta, la transmisión de datos por redes telefónicas dejará de tener sentido para los hogares residenciales; o sea, la realidad superará el actual marco normativo.

Juan Andrés Elhordoy estuvo trabajando en este tema.

¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a Plan Cardales?

JUAN ANDRÉS ELHORDOY:
El nombre completo es Plan de Convergencia para el Acceso a la Recreación y al Desarrollo de Alternativas Laborales y Emprendimientos Sustentables y procura que el sistema de triple play llegue a precios accesibles al sector más pobre de la población. Todo apunta a que, por menos de 300 pesos al mes, cualquier cliente pueda contratar:

– Banda ancha con acceso a Internet.

– Televisión digital interactiva con 12 señales diferentes. Este servicio, abre la posibilidad, mediante un control remoto y un decodificador, de elegir un curso a distancia, alguna receta de cocina u obtener la información sobre el estado del tiempo y las farmacias de turno.

– Telefonía básica que permite al abonado recibir llamadas (gratuitamente) y a realizarlas (pagando) mediante la conocida TeleCard.

EC – ¿Qué actores están en juego?

JAE – Son tres:

– Los cableoperadores con licencias ya otorgadas. Estos son los empresarios que deben presentar un proyecto de servicio triple play.

–  Antel, con su red de cobre y de fibra óptica. Es a través de esta red que el prestador del servicio está obligado a ofrecer la telefonía fija.

– Proveedores de internet con capacidad de ofrecer servicios de banda ancha. En este rubro, empresas privadas están en condiciones de participar en el negocio, al igual que la estatal Anteldata.

EC – Todo el Plan Cardales está regulado por dos decretos aprobados este año. Sin embargo, el conocido el 30 de noviembre es el que ha generado la gran controversia. Recordemos a qué apunta este decreto.

JAE – En primer lugar, fija las condiciones para que el servicio triple play llegue al 20% más pobre de una localidad. La norma establece plazos de ejecución del plan, obliga a las empresas a realizar inversiones en infraestructura y no admite que una empresa se retire del negocio, tiene que estar al menos 10 años ofreciéndolo. Como contrapartida, el Estado puede conceder exoneraciones tributarias.

EC – ¿Dónde aparecen las críticas a esta reglamentación del Plan?

JAE – En la posibilidad de que empresas privadas puedan ofrecer servicio de banda ancha. Esto es interpretado por SUTEL (Sindicato Único de las Telecomunicaciones), como una “pérdida de soberanía”, ya que Anteldata –propiedad de Antel- estaría perdiendo el monopolio que hoy ostenta en el campo de la transmisión de datos a través de sus cables de cobre.

EC – Pero además de la pelea por la porción de Antel en el negocio, ¿es técnicamente capaz de ofrecer un servicio eficiente?

JAE – No hay técnico que diga lo contrario. Es más, hay un argumento que se maneja y que vale la pena considerar: Antel tiene la mejor infraestructura. Con su red de fibra óptica, la empresa estatal está cerca de ofrecer un servicio insuperable, ya que llega a pocos metros de los consumidores finales. Ninguna empresa privada está en condiciones de acercarse a eso.

EC – Y yendo al plano político, ¿qué pasa en el Frente Amplio?

JAE – Dentro del partido de gobierno, y tras conocerse el segundo decreto, que se promulgó unas horas después del triunfo de José Mujica, surgieron dudas y resistencias. La misma senadora Lucía Topolansky, principal dirigente del MPP dijo: “No entendemos el apuro”. Junto a dirigentes de varios sectores, la esposa de Mujica se mostró partidaria de dejar sin efecto el decreto, hasta que una comisión del Frente Amplio trabaje en la elaboración de un proyecto de ley de telecomunicaciones.

EC – ¿Qué respondió el presidente Vázquez?

JAE – Ante las voces discordantes, el presidente de la República recibió a una delegación del Frente Amplio. Allí ratificó su decisión de mantener los decretos que regulan el Plan Cardales.

“Transición está muy bien, pero transición no significa cogobierno. Yo soy el presidente hasta el 1º de marzo de 2010. No hay dos gobiernos. Hay un gobierno y luego asume otro. Todos de la misma fuerza política, pero no hay cogobierno. Por lo tanto, la decisión de seguir adelante con el Plan Cardales la toma el actual presidente de la República”, dijo Vázquez en la reunión, según informó Búsqueda (1).

EC – ¿Estamos frente a una pulseada entre el actual mandatario y el presidente electo?

JAE – Mujica dijo que “no tiene una respuesta definitiva” con relación a si aplica o deroga los decretos que fijan las pautas para el Plan Cardales. En declaraciones a Búsqueda, Mujica comentó: “Lo que tengo absolutamente claro es que tengo que preservar lo más que pueda el capital de Antel, con todos los problemas que pueda tener, y si tiene alguna ventaja comparativa tratar de mantenérsela. No pienso regalarles nada a los canales privados”.

A esto agregaría que a la interna las diferencias parecen ser mucho más profundas. Sobre las manifestaciones públicas, diría que emergen matices, aunque también hay que subrayar que hay dudas con relación al impacto que la norma ya está teniendo.

EC – ¿Cómo es eso?

JAE – Ya se conoció que los canales 12 y 4 presentaron por separado ante la Presidencia del República sus proyectos de desarrollo. Si son aprobados, se generará lo que se llama “derechos adquiridos”. En consecuencia, si el decreto se derogara después, los afectados podrían presentar demandas millonarias contra el Estado.

EC – Pero hay otros elementos a considerar. De acuerdo a lo publicado por el Semanario Brecha (2), en una reunión en la que participaron el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y el presidente del LATU, Miguel Brechner, se manejó que el gobierno de México podría cortar la entrada de productos uruguayos a ese país, si el Poder Ejecutivo no habilita a los privados a ofrecer el servicio de banda ancha. ¿Qué hay de cierto?

JAE – Varios jerarcas y especialistas fueron consultados por En Perspectiva sobre esta posibilidad. Y las respuestas no salieron del tono de “es un disparate”. Sin embargo, es bueno recordar que hay un antecedente no resuelto con relación a una empresa mexicana y un permiso para operar en Uruguay con televisión satelital para abonados. Se trata de Telmex, propiedad del empresario Carlos Slim. En este caso, el Poder Ejecutivo le otorgó un permiso para operar en el país en octubre de 2008, el que fue revocado unos tres meses después.

EC – ¿Y qué tiene que ver con el gobierno de México?

JAE – Como ustedes saben, nuestro país tiene firmado un Tratado de Libre Comercio con el país azteca. Hay una cláusula que establece que a cada inversionista “se le otorgará un trato no menos favorable que el que se otorgue, en circunstancias similares, a las inversiones de un tercer país, en lo referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción, operación, venta u otra disposición de inversiones”. En este caso, no se entiende por qué Telmex no puede brindar un servicio parecido al que ofrece Directv desde 2003.

Si bien la posibilidad de que se formalice un reclamo parece remota, la preocupación no suena disparatada.

EC – ¿Qué otros cuestionamientos hacen los sindicatos?

JAE – Como en otras oportunidades, apareció el argumento de que esta normativa favorece a poderosos grupos económicos que toda la vida han manejado el negocio de la televisión.

EC – ¿Qué quiere decir eso?

JAE – El presidente de SUTEL, Gabriel Molina, dijo que el valor de las empresas NuevoSiglo, TCC o Montecable, se verán multiplicados por dos o por tres, ya que al negocio de la televisión por abonados, se le agrega ahora la posibilidad de transmitir datos por el mismo cable y competir abiertamente con Anteldata.

EC – En resumen, ¿sobre qué bases el Poder Ejecutivo defiende el Plan Cardales tal como está?

JAE – En el gobierno, se sostiene que el Plan Cardales significa una oportunidad para Antel. Se entiende que en este caso hay áreas en las que va a haber gran cooperación y áreas en las que va a haber competencia. Como argumento a favor del Cardales, está el hecho de que permite a Antel vender entretenimiento, lo que se llama IPTV –televisión por internet– a una cantidad de sectores de la población, lo que le abre a la empresa estatal un nuevo negocio. Como contrapartida, los operadores de cable pueden vender internet a través de cable módem y de su propia red. Para el gobierno estamos en un escenario “ganar-ganar”.

EC – En su reunión con la dirigencia del Frente Amplio, Vázquez esgrimió otro argumento. Recordó su propia experiencia como intendente de Montevideo cuando quiso entregar en concesión el Hotel Carrasco y se lo trancaron desde la bancada del propio oficialismo, concretamente el entonces edil Jorge Zabalza. Vázquez dijo: “Perdimos 20 años. No quiero que pase lo mismo”.