El libro de Arena

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LA DIARIA | SOCIEDAD | 08/04/2013 | Pág . 5
Antel se aferra a biblioteca que acepta, por "utilidad" y "ventaja", los fines "no enunciados en estatutos"
"Los poderes explícitamente anunciados" para las personas jurídicas "no significan que resulten extraños" a ellas "aquellos actos que, aun no comprendidos -léase enunciados en los estatutos- impliquen poderes implícitos para que los fines propuestos se realicen en forma útil, ventajosa y conveniente" De eso, y de otros aspectos doctrinarios pero fundamentalmente de éste, se aferra Antel para fundamentar que el emprendimiento que se llamaría Antel Arena "es completamente viable dentro de las competencias y el giro normal de los negocios" de la empresa y que está dentro del contexto de "lo dispuesto en el artículo 190 de la Constitución de la República" .
El informe de la Asesoría Letrada de Antel, a cuyo resumen accedió la diaria, se basa en la Teoría del Órgano de Aparicio Méndez, y particularmente en el Principio de Especialidad, pero se nutre, además de jurisprudencia y doctrina internacional, de varios juristas uruguayos; entre ellos, Martín Risso Ferrand, el experto que la semana pasada calificó de "inconstitucional" la inversión anunciada por Antel.
Sí se puede Recién presentado el proyecto del estadio multipropósito de Antel y la Intendencia de Montevideo, desde la oposición política se objetó su legalidad, atento a que el artículo 190 de la Constitución establece que "los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados no podrán realizar negocios extraños al giro que preceptivamente les asignen las leyes, ni disponer de sus recursos para fines ajenos a sus actividades normales" Por medio del diario El País se conoció además la opinión del experto en derecho constitucional Risso Ferrand, para quien "en la interpretación del artículo 190 de la Constitución no puede decirse que hay dos bibliotecas; esto es inconstitucional" Incluso, "si el directorio de Antel sigue adelante seguramente el Tribunal de Cuentas observará todos los gastos y hasta podría haber problemas de responsabilidad para los directores, porque estarían destinando dineros públicos para un fin que no está previsto en la ley".
Hasta el momento, la presidenta de Antel, Carolina Cosse, se limitó a contrarrestar estos argumentos reiterando conceptos dados en el mismo acto de lanzamiento, que apuntan fundamentalmente a lo "excelente" del negocio por la recuperación de la inversión de 40 millones de dólares gracias a "la particular relación entre las telecomunicaciones y los espectáculos deportivos y culturales" por ser , éstos "los mayores generadores de contenido mundial y, por ende, los mayores impulsores de la demanda de servicios de telecomunicaciones de Antel".
Insistió fundamentalmente en el sobretráfico y en el "incremento de los servicios de valor agregado que se comercializan en el momento, como por ejemplo promociones".
Pero los argumentos jurídicos concretos no habían aparecido hasta el momento. Éstos se fueron reuniendo desde principio de año para un informe de la Asesoría Letrada General que encabeza el doctor Matías Rodríguez Perdomo y que tanto Cosse como sus funcionarios más cercanos califican de "lapidario" , aunque no lo han hecho público íntegramente. Un resumen de éste, al que accedió la diaria, subraya que la argumentación se concentra en que la especialidad de una empresa sólo limita "los fines que puede perseguir" pero no los medios a utilizarse, en base a las teorías de los "poderes implícitos" y de la "permisión amplia".
Una de las doctrinas en la que más se detiene es en la del Principio de Especialidad de la Teoría del Órgano, del experto en derecho administrativo (y ex dictador) Aparicio Méndez. En dicha obra, apoyado en Alberto Spota, Méndez afirma que "la regla […] ha de ser" que "las personas jurídicas gozan de una capacidad de derechos amplia, comprendiendo todos los actos y hechos convenientes, útiles, para la consecución de sus fines. Los poderes explícitamente anunciados no significan" que "resulten extraños a las personas jurídicas […] ni tampoco que escapen al ámbito de su acción aquellos actos que, aun no comprendidos, léase enunciados en los estatutos, impliquen poderes implícitos para que los fines propuestos se realicen en forma útil, ventajosa, conveniente. Todo acto legítimo, lícito, no prohibido por la ley y que directa o indirectamente se refiera al objeto de la institución, debe imputarse a la persona jurídica, en cuanto ha sido ejecutado por sus órganos en ejercicio de sus funciones".
Sin desatender el boliche El informe "revisa el texto y la historia fidedigna de la sanción del actual Art. 190 de la Constitución, y posteriormente profundiza en la actualidad de la doctrina y jurisprudencia del Consejo de Estado francés al respecto, así como en la opinión de la doctrina italiana, argentina, chilena, mexicana y española" indica el , resumen, pero sin aportar detalles.
Acerca de las permisiones y los fines apunta que se nutren de varios autores nacionales, entre ellos Juan José de Amézaga, Enrique Sayagués Laso, Carlos Delpiazzo, Horacio Casinelli, José Korzeniak, Luis Fleitas de León, Eduardo Derderián e incluso Martín Risso Ferrand, el mismo que públicamente calificó el proyecto como "inconstitucional".
La cita de la obra de Risso parafrasea que "en lo que refiere a las potestades jurídicas" dispuestas "para cumplir" con los "cometidos (o fines), deberá aceptarse, en base a la teoría de los poderes implícitos, que respetando la función jurídica cuyo ejercicio le ha sido atribuido, podrán utilizar las distintas vías y medios que sean necesarias para el cumplimiento de sus cometidos, aun cuando no les hayan sido atribuidos a texto expreso, y siempre que dicho ejercicio no implique invadir la competencia de otros órganos o personas públicas".
Emilio Martínez Muracciole