El gobierno pide cautela en salarios pero empresarios dicen que él mismo no la tiene.

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julio 20, 2012
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CRONICAS | POLITICA | 20/07/2012  | Pág. 6
PIT-CNT. SEGUIR SUBIENDO SUELDOS MÁS BAJOS.
El gobierno pidió "cautela" en los nuevos convenios salariales, pero los empresarios dicen que él mismo no la exhibe. Critican la extensión de los acuerdos y ciertos criterios para la fijación de los ajustes y reclaman cláusulas de salvaguarda que se cumplan. Estudios privados advierten que, en un escenario de crisis, las pautas establecidas para la negociación pueden afectar el empleo. El PIT-CNT, en tanto, reclama que se continúe con la política que permitió importantes aumentos para los sueldos más bajos.

Por primera vez desde que se hizo con el poder en 2005, la izquierda se enfrenta a una ronda salarial condicionada por una economía en franca desaceleración, y en la que los actores -empresarios y trabajadores- juegan fuerte para no perder el terreno que han ganado en los últimos años de crecimiento sostenido.
En ese panorama, el gobierno del Frente Amplio pidió a principios de julio cautela a la hora de negociar los acuerdos en los Consejos de Salarios (CS), algo que fue saludado por los empresarios y cuestionado por los sindicatos. Pero pese a que el pedido se alinea con los reclamos de los primeros, estos tampoco quedaron tranquilos después que el Poder Ejecutivo (PE) hizo público un documento en el que establece las pautas para la negociación: dicen que éstas tienen poco de cautelosas.
En esas pautas, dadas a conocer hace algunos días para la nueva ronda de los CS, el Poder Ejecutivo fijó los siguientes criterios: acuerdos de tres años de duración con ajustes anuales, un piso de ajuste que toma en cuenta la inflación del período y la esperada, con correctivos en caso de desfasaje y en función de indicadores macroeconómicos y sectoriales o una interacción de ambos. También se deja una puerta abierta para la negociación por empresa en función de la productividad. En general, un panorama similar al de los anteriores períodos de negociación, lo que es cuestionado por los empresarios que dicen que la situación es otra.
Dentro de los indicadores macro que podrían utilizarse para los ajustes correctivos se mencionan: la variación del PBI, el cociente entre la variación del PBI y la variación en el empleo y el tipo de cambio. Como indicadores sectoriales se enumeran: el índice de ventas por personal ocupado, los indicadores de Cuentas Nacionales por sector, los cotizantes al BPS, estadísticas particulares de cada sector, y en el caso de ser industrias manufactureras el índice de volumen de producción, el índice de personal ocupado y el índice de horas trabajadas.
En las pautas presentadas por el PE se establece también que en caso de que el indicador sectorial caiga, no se efectuará ajuste a la baja, y a su vez se plantean dos escenarios para el caso de que el indicador muestre crecimiento: si ese crecimiento se encuentra entre 0% y 4% el ajuste será de entre 0% y 2%. En caso de que sea mayor a 4% el ajuste se situará entre 2% y 4%.

Brenta: "Planteo cauteloso"
El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, dijo al explicar las pautas que el planteo es "cauteloso", aunque no contempla una rebaja del salario real. "Si se nos pide cautela y se cree que no la hubo es porque no se entendió el planteo. Si lo que se nos pide es rebajar el salario real, nosotros no encontramos
ningún elemento para eso", dijo Brenta a principios de julio al diario UNoticias.
Según el jerarca, las pautas fijadas atan el crecimiento salarial al de la actividad de los sectores y ponen atención a los que puedan estar siendo afectados por un escenario de crisis, sea ésta "coyuntural" o "estructural". Según algunas previsiones, la industria crecerá este año entre 3,5% y 4% y Brenta hizo hincapié en que los salarios "deben acompañar ese crecimiento". No obstante, también reconoció que hay que tener "cuidado" en los sectores donde se prevé un escenario diferente. "Somos muy conscientes de la crisis económica internacional, pero también somos conscientes de que el país y su economía van a evolucionar en términos generales de manera favorable", sostuvo.
Desde el sector empresarial y también en algunos análisis de consultoras se entiende que la "cautela" exhibida por el gobierno no es suficiente y se reclamó más. La exigencia está centrada en dos aspectos: la duración de los convenios y los criterios de ajuste de los salarios. También, en consultas realizadas por CRÓNICAS, se puso énfasis en algo que el gobierno prevé pero que hasta ahora no se ha aplicado, al menos como los empresarios desearían: las cláusulas de salvaguarda.
La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) hizo saber, apenas conocidas las pautas del gobierno, su desacuerdo con la extensión de los convenios. El vicepresidente de la CIU, Gabriel Murara, dijo a CRÓNICAS que los convenios no deberían extenderse por más de un año, y lo justificó por la incertidumbre que existe "en todo el mundo". Además, sostuvo, aunque existen hoy en algunos convenios cláusulas de salvaguarda "no han sido muy efectivas tampoco porque cuando alguien se quiso descolgar no pudo hacerlo".
Murara se refería indirectamente a un viejo reclamo de los empresarios: el dedo del gobierno en el plato de la balanza. "El gobierno siempre ha estado mucho más del lado de los trabajadores que de la industria", dijo a principios de julio el titular de la CIU, Washington Burghi. Reivindicando la necesidad de firmar acuerdos de corta duración, el empresario sostuvo que el sector está "de acuerdo en que no haya pérdida de salario real", pero indicó que esto puede garantizarse en plazos breves. "Pasado un año, volvemos a sentamos a negociar", declaró a El Observador.

Moderación en los porcentajes

También la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) se pronunció críticamente ante las pautas del gobierno, pero puso el acento en los porcentajes de los futuros ajustes salariales. Su presidente, Marcelo Lombardi, reclamó al Poder Ejecutivo que no homologue acuerdos con ajustes "excesivos" en función de la realidad de cada sector.
Para Lombardi, continuar con la política de acuerdos salariales tal cual se ha venido desarrollando hasta el momento conspiraría contra el empleo y se pagaría con puesto de trabajo en un escenario de crisis. "Deberíamos ir a un formato donde exista una homologación en la cual aquellos (acuerdos) que se excedan para arriba, en cuanto a registros que no puedan dar un grado de sustentabilidad, no se deberían homologar", dijo el empresario.
En este plano, los industriales hacen hincapié en la recuperación salarial que ha tenido su sector. Murara dijo a CRÓNICAS que "las industrias en general han recuperado cualquier pérdida que se haya producido. Quizás hay otros sectores que tienen atrasos, pero en general la industria ha recuperado con creces".
Por otra parte, remarcó que "la industria tiene que competir tanto en el mundo como en el mercado interno" por lo que "rio puede seguir recuperando y recuperando in eternum. Además, con una situación complicada también en la región", afirmó. Por eso el directivo de la CIU insistió en la necesidad de firmar convenios cortos, de no más de un año de duración, "monitoreando mes a mes la situación" y en los que incluso deben existir cláusulas de salvaguarda "porque no sabemos lo que va a pasar dentro de tres meses". Según Murara, "el gobierno quiere convenios largos pero las obligaciones después son de los empresarios".

Advertencia de la CNCS
La CNCS fijó su postura ante la nueva ronda de negociación en un documento de 22 puntos que dio a conocer el 11 de julio y en el que advierte que las pautas del PE para la negociación se apartan de la "cautela" reclamada por el gobierno y tendrá consecuencias negativas sobre el empleo.
Luego de comentar la crisis que atraviesan varios países desarrollados, el documento se detiene en la situación regional. "Brasil, a pesar de las medidas tomadas para fomentar un mayor nivel de actividad, continúa con bajas tasas de crecimiento al tiempo que Argentina se caracteriza por un menor grado de actividad así como también por enfrentar desequilibrios en varios frentes", expresa el documento. Advierte luego que "este panorama llama a una política económica prudente por parte de Uruguay, más aun cuando parece que el clima de bonanza se está acabando".
Remarca más adelante que las expectativas de crecimiento del PBI disminuyeron de 4% a 3.5% para 2012 al tiempo que "la producción industrial está cayendo así como también las importaciones referidas a bienes sin contar petróleo ni energía eléctrica". Asimismo da cuenta que aumentó 23% la cantidad de trabajadores en seguro de desempleo.
A partir de este panorama, la CNCS critica la intención del gobierno de impulsar acuerdos salariales a tres años con ajustes anuales. También fustiga el criterio con el cual se ponderan los indicadores sectoriales de resultados para otorgar los ajustes, el cual "demuestra la rigidez de los salarios a la baja que presenta Uruguay. Carece de sentido económico que si el ajuste sectorial da negativo no se traslade al salario, después de todo se puede optar porque los salarios se ajusten por este indicador o no y quienes hayan decidido ajustar mediante este indicador deberían enfrentar las consecuencias que pueden ser tanto positivas como negativas", sostiene el documento.
Tras recordar que "Uruguay se caracteriza por el alto grado de rigidez de los salarios", por la escasa relación que muestra entre salarios y productividad -está en el puesto 140 entre 142 en este rubro- y por la excesiva regulación laboral a juicio de los empresarios, el documento advierte que este último factor, en tiempo de crisis, "contribuirá a aumentar el desempleo y la informalidad", la que sitúa en 26,55% a mayo de 2012.
Más adelante el texto de la CNCS estima que un eventual "ajuste correctivo" por la inflación, en las negociaciones 2012, variará según los grupos entre 2% y 3%, y hará trepar el ajuste total para el período a cifras de 9% como mínimo y 12% máximo. Estos porcentajes resultan "preocupantes" a juicio de la CNCS en las actuales circunstancias. "Esto es claramente un aumento de costos para los empresarios que dan trabajo a miles de familias y perjudica sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas que tal vez no puedan afrontar estos mayores incrementos salariales y puedan derivar entonces en despedir gente o contratar empleados en el mercado informal de modo de evitar la rigidez de la regulación", advierte.
Según el análisis de la gremial, "estas medidas presionan al alza el desempleo, que si bien se encuentra en niveles históricamente bajos no es una variable que deba dejarse de lado, menos aún en la coyuntura en la que Uruguay está inmerso".
En otro apartado, el documento asegura que la masa salarial aumentó entre el primer trimestre de 2004 y el cuarto trimestre de 2011 un 71,53%, mientras que el PBI lo hizo 50,58%, lo que está indicando que "la remuneración de otros factores, principalmente del capital creció menos que la del factor trabajo. Aunque tanto la masa
salarial como el PBI crecieron a tasas muy importantes, se observa que la actividad económica creció en menor medida que lo hizo la remuneración al factor trabajo", asegura la CNCS.
El trabajo finaliza alertando que "si estos son los parámetros con los que se trabajará en los Consejos de Salarios, se estarán utilizando herramientas que no resultan adecuadas para la realidad económica actual, que aumentan la ya preocupante rigidez del mercado de trabajo y que se oponen a la cautela y prudencia necesarias reclamadas por el propio gobierno.

"Las cláusulas de salvaguarda no han sido muy efectivas tampoco porque cuando alguien se quiso descolgar no pudo hacerlo" (Gabriel Murara, vicepresidente de la CIU)

Una excesiva regulación laboral, en
tiempo de crisis, "contribuirá a aumentar el desempleo y la informalidad** dice la Cámara de Comercio.