El Estado limita el mercado porque tiene «ADN anticompetitivo»

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. Se puede prevenir el dictado de normas contrarias a la libre competencia, plantea Comisión que actúa en el tema

En el último ranking de las 500 empresas de la región con mayores ventas difundido este mes por la publicación "América Economía" solamente figuran dos uruguayas y ambas son públicas -Ancap en la posición 178° y UTE en la 367°-, lo que refleja el significativo peso del sector estatal en la economía del país. Ese Estado no siempre juega de igual a igual con los agentes privados, y en ocasiones afecta y limita la libre competencia a través del dictado de decretos, actos administrativos e incluso licitaciones donde pone de manifiesto un "ADN anticompetitivo", dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.

De hecho, la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, en uso de sus facultades de promoción y recomendación, advirtió ese comportamiento en algunos organismos públicos. La última resolución publicada por ese órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas -fechada el martes 21- concluye que dos decretos del Poder Ejecutivo dictados en 2010 y 2011 relativos a los servicios de salud que brindan algunas emergencias móviles "son contrarios a la legislación vigente en materia de libre competencia" y aconseja al Ministerio de Salud Pública (MSP) la "derogación" de los mismos.
Dicha Comisión comenzó a funcionar en 2009 y emitió hasta ahora más de 50 resoluciones a partir de denuncias en diferentes áreas de la economía: industria frigorífica, avicultura, servicios agropecuarios y turísticos, medicamentos, insumos hospitalarios, alimentos congelados, transporte de carga, Caja de Profesionales, etcétera, según consta en su sitio en Internet.

Consultado por Búsqueda, el presidente de la Comisión, Javier Gomensoro, dijo que el Estado en varias ocasiones realiza consultas a este organismo sobre el respeto al marco de defensa de la competencia de determinadas normas dictadas o que se evalúa emitir. Sin embargo, señaló que aun así hay disposiciones de organismos públicos que chocan con la normativa.
"Si bien es común que una norma proteja un determinado sector o promocione inversiones, por ejemplo, plasmando una situación de desigualdad para competir, también se advierte que eso se hace a veces por decreto u ordenanzas de menor jerarquía. Eso determina que esas disposiciones se tornen contrarias a una ley de orden público y en su mérito, pasibles de anulación", señaló ese jerarca.

Desde el sector privado, en general existe conformidad con la actuación de la Comisión y destacan la imparcialidad y el profesionalismo en el tratamiento de los casos, según consultas efectuadas por Búsqueda.
Sin embargo, opinan que "no ha podido entrarle" al sector público y mencionan en particular ámbitos en los que operan las empresas estatales. Señalan como ejemplo que Ancap está en competencia con compañías privadas en la producción de cemento, pero puede aplicar subsidios cruzados a ese rubro con los recursos que obtiene de otras actividades que efectúa bajo el régimen monopólico. Algo similar ocurre en el Banco de Seguros del Estado (BSE) con las pólizas que también venden las compañías privadas y las coberturas para accidentes de trabajo que ofrece esa empresa pública al amparo de un monopolio, indican.
Sobre la tendencia anticompetitiva que en algunos casos el Estado demuestra a través del dictado de diversas normas, fuentes oficiales señalaron a Búsqueda que existe un "problema cultural muy grande" en los organismos públicos y una "tendencia del Estado a ser el protector y el gran abarcador", por lo que existe "naturalmente un rechazo" de los criterios de libre competencia y libertad de mercados.

Las fuentes oficiales consultadas se refirieron a un "ADN anticompetitivo" del Estado que se arrastra desde la época del Batllismo de comienzos del siglo XX y el modelo del "Estado benefactor", que se plasmó en una actitud "intervencionista" en muchas áreas.
Sobre este asunto, Gomensoro planteó que sería oportuno poner en práctica en el Parlamento o en el Consejo de Ministros "algún mecanismo de alerta" para prevenir que se dicten normas contrarias a la regulación que defiende la libre competencia en la economía. Comentó que en España, por ejemplo, existe un "filtro preceptivo a nivel del Poder Legislativo" que permite a la Comisión que funciona en ese país "dictaminar y aconsejar sobre posibles desviaciones a la libre competencia".
Agregó que en Uruguay la Comisión "ha investigado actuaciones del Estado central, gobiernos departamentales y entes autónomos interpretando de forma amplia el ámbito subjetivo de aplicación de la ley y procurando que todos los mercados observen estrictamente el cumplimiento de la norma" vigente.

Casos. Una de las actuaciones de ese órgano relativas a conductas del Estado reñidas con la libre competencia fue un acto administrativo de la Intendencia de Maldonado respecto a la actuación de las empresas que ofrecen servicios de city tours a los cruceristas en Punta del Este y una licitación pública de Antel para adquirir equipos informáticos. Esta última, en que ese órgano declaró pertinente la denuncia presentada por un posible proveedor de la empresa estatal de telecomunicaciones donde advertía que el llamado era un "traje a medida" para que ganara otro oferente, fue recurrida por Antel por la vía administrativa.
Finalmente, el MEF dictaminó que la materia de licitaciones públicas es resorte de la regulación del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera y del Tribunal de Cuentas, restringiendo la aplicabilidad de la normativa de defensa de la competencia.
Fue a partir de ese caso que, ante denuncias o consultas relativas a llamados públicos, la Comisión viene optando por iniciar investigaciones "de oficio".

Actualmente ese órgano tiene en curso dos averiguaciones de este tipo. Una dirigida al BSE con el fin de recabar información y conocer la "posible existencia de ventas atadas" u "otras
prácticas ilegales" en ese mercado (ver Búsqueda N° 1.665). Ello surgió tras una denuncia realizada por el Automóvil Club del Uruguay relativa a un llamado a precios que efectuó la aseguradora estatal para contratar un servicio de auxilio mecánico y traslado de vehículos para sus clientes con pólizas "globales". Sobre el caso aún debe expedirse el Tribunal de Cuentas.
Otra investigación de oficio iniciada por la Comisión refiere a una licitación de la Unidad Centralizada de Adquisiciones del MEF para la compra de inhaladores de uso hospitalario en la que se investiga la "presunta existencia de precios predatorios", dijeron las fuentes.
El caso con resolución más reciente comenzó con una denuncia de Emergencia Uno contra dos decretos -de noviembre de 2010 y enero de 2011- que limitaron el ingreso de nuevos prestadores de servicios de emergencia que brinden asistencia médica "extra", como la atención ambulatoria en policlínicas, diagnóstico y tratamiento, de laboratorio y odontológico. Ante una consulta de esa Secretaría de Estado, la Comisión había señalado que esas disposiciones podían operar como barreras en ese mercado, una posición que reafirmó el martes 21.