Ejecutivo asume potestades de las unidades reguladoras.

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Medios de comunicación
septiembre 2, 2010

LAS DEFINICIONES POLÍTICAS EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES, GAS Y AGUA PASAN AL MINISTERIO DE INDUSTRIA
Se les quita poder a Ursec y a Ursea, en momentos en que se vienen cambios tecnológicos

El Poder Ejecutivo reasumirá la potestad de diseñar las políticas energéticas y de telecomunicaciones que había delegado en los organismos reguladores Ursec y Ursea, según establece el proyecto de ley de Presupuesto enviado el martes al Parlamento.

"Es competencia de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (perteneciente al Ministerio de Industria) la formulación, articulación y coordinación de las políticas estatales en materia de telecomunicaciones y comunicación audiovisual", dice el artículo 149 de ese proyecto.

El objetivo es darle al gobierno el rol de coordinar las políticas en estas áreas, dijeron a El Observador fuentes del Ejecutivo. Las reguladoras tendrán la función de controlar.

Estos cambios se producen en momentos en que Uruguay se prepara para un cambio tecnológico en materia de telecomunicaciones, con la llegada de la televisión digital terrestre.

Las unidades reguladoras fueron creadas durante el gobierno de Jorge Batlle con el objetivo de controlar de manera técnica e independiente las áreas de las telecomunicaciones (Ursec), por un lado, y la energética (Ursea) por otro.

Fue durante la ley de Presupuesto aprobada en el 2000 que se le otorgó a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) el rol de "regular y controlar" las actividades referidas a las telecomunicaciones.

Sin embargo, el artículo 146 del proyecto de ley de Presupuesto de la actual administración limita esa potestad al agregar un inciso que dice que las competencias establecidas "se cumplirán de conformidad con los objetivos y las políticas definidos por el Poder Ejecutivo, quien reglamentará los procedimientos a tales efectos".

La ley vigente establece que la Ursec "actuará con autonomía técnica". La modificación propuesta agrega que la reguladora deberá brindar a la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) del Ministerio de Industria "los elementos necesarios para el mejor cumplimiento de las obligaciones vinculadas a las funciones establecidas para ésta".

Además se elimina de las funciones de la Ursec la potestad de someter a su control todos los aspectos de instalación y funcionamiento de las frecuencias de radio y televisión.

Pero la más clara limitación de sus tareas está en el artículo 149 del proyecto de ley que fue el martes al Parlamento. Allí se propone sustituir un artículo del presupuesto que creó la Ursec en el 2000, mediante el cual se le otorgaba al organismo "todos los cometidos" que hasta ese momento tenía de la entonces Dinatel. Ahora se da marcha atrás.

La norma propuesta por el gobierno de José Mujica cambia eso al establecer que es la dirección del MIEM la encargada de formular, articular y coordinar las políticas estatales en telecomunicaciones.

Energía y Agua. En el caso de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), la norma propuesta por el Poder Ejecutivo limita su función a la "regulación en materia de calidad, seguridad, defensa del consumidor y posterior fiscalización" en las actividades de su competencia.

Ahora esas políticas se cumplirán "siguiendo las políticas fijadas por el Poder Ejecutivo", dice el proyecto de presupuesto.

Las áreas de influencia de la Ursea seguirán siendo: la fiscalización de la energía eléctrica, de la importación del gas natural, su transporte, almacenamiento y distribución; la distribución de agua potable; la recolección de aguas servidas; la importación de petróleo; el uso eficiente de la energía y la supervisión del funcionamiento y las condiciones de seguridad de los generadores de vapor.

Si el proyecto de ley de Presupuesto prospera tal como está, le quitará a la Ursea la potestad de "establecer los requisitos que deberán cumplir quienes realicen actividades comprendidas" dentro de su área de competencia, como establecen las normas vigentes. Los requisitos ahora los definirá el Poder Ejecutivo y no la unidad reguladora.

También se elimina de las competencias de la Ursea "dictaminar preceptivamente en los procesos de selección de concesionarios" para las tareas de energía y agua.

La Ursea ya no preparará más el pliego de bases y condiciones para la celebración de los contratos habilitantes con las empresas que se proponen para tener licencia en servicios de su competencia.