Desde el Poder Ejecutivo se realizan «escuchas telefónicas ilegales» con «fines políticos».

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BUSQUEDA | POLITICA | Pág. 3 | 21/06/2012

Diputado blanco denunciará a Mujica que desde el Poder Ejecutivo se realizan "escuchas telefónicas ilegales" con "fines políticos".

El diputado nacionalista Jaime Trobo (Unidad Nacional) pidió una reunión al presidente José Mujica para pedirle "garantías" y "advertirle" que "personas de rango político importante" del Poder Ejecutivo están realizando "escuchas telefónicas ilegales" con "fines políticos".
El legislador aseguró a Búsqueda que, pese a que es "un tema que se comenta desde hace tiempo", hace alrededor de "un mes y medio" un informante le proporcionó "una serie de datos más precisos sobre el tema", que lo llevan a solicitar la reunión con el jefe de Estado. A partir de ese momento comenzó a investigar la situación y concluyó que es necesario conocer qué está sucediendo.
"Tengo la información de que se están realizando escuchas a teléfonos celulares desde alguna entidad oficial del Estado: personas de rango político importante a personas de rango político importante. Entonces quiero advertirle a Mujica que tengo conocimiento de esto, para qué él tome las cartas que tenga que tomar en el asunto", informó.
La ley de Control y Prevención de Lavados de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (Nº 18.494) permite al Ministerio del Interior realizar escuchas siempre que un juez penal autorice a hacerlo para una determinada investigación. A diferencia de ello, las sospechas de Trobo apuntan a que desde el Poder Ejecutivo se están llevando a cabo este tipo de prácticas pero sin autorización judicial alguna.
Si bien Trobo no tiene certeza de que él haya sido investigado, sí tiene indicios, según los datos que le fueron proporcionados. "Por los datos de qué es lo que ocurre cuando hay una intervención, puede ser que sí. Se cortan las llamadas, hay ruidos extraños como ruido de agua. El teléfono toma temperatura aunque no lo estés usando. Son todos datos de que el teléfono está operando en función de algo", aseguró.
El legislador ya le advirtió a Mujica, durante una recepción en la que se cruzaron, que quiere consultarlo porque se trata "de un tema delicado".
Según explicó, como parlamentarios no tienen "ningún mecanismo de investigación". "¿Le vamos a pedir a Antel que haga una investigación sobre esto? Nos va a decir que no lo puede hacer. ¿Le vamos a pedir a la Ursec (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones)? Nos va a decir que no tiene mecanismos técnicos. Lo lógico es ir hacia el sector desde donde se puede estar haciendo. Esa es la versión que yo tengo", afirmó.
Su objetivo es "saber quién lo hace, cómo lo hace, quién autoriza a que se realicen las escuchas y cuál es la forma".
"Esto tiene que tener un protocolo. Se está hablando de que la inteligencia tiene que tener un fin determinado, y un control: ahora es tierra de nadie. El que tiene la tecnología lo puede hacer y el que no, no lo puede hacer", remarcó el diputado.

Tecnología. Según averiguó el legislador, en Uruguay existe la tecnología capaz de llevar a cabo este tipo de procedimientos, incluso sin la necesidad de que se "pinche" físicamente una línea telefónica.
"Hay un equipo que vino para una cumbre de presidentes, la Cumbre Iberoamericana, y quedó acá. No se sabe cómo entró, entonces tampoco se sabe si salió", comentó el legislador.
El equipo al que se refiere Trobo es el "Scanlock M2", informó. Es fabricado por la empresa europea Audiotel International, que es uno de los principales creadores de alta tecnología para la vigilancia telefónica y detección de dispositivos que realicen ese tipo de actividades en paralelo.
Según la información que posee el legislador, una de las principales características de ese equipamiento es su fácil traslado, ya que es portátil. El aparato opera dentro de un vehículo que se instala cerca de la zona a investigar, indicó.
El equipo permite una rápida identificación y localizador) de transmisores, tanto para escuchar conversaciones como para bloquearlas. Incluso permite neutralizar otro tipo de transmisores, por ejemplo frecuencias radiales.
El aparato permite ubicar con alta precisión la existencia de varios transmisores de radio clandestinos al mismo tiempo, sin la necesidad de sintonizar cada una de las frecuencias, ya que el ancho de banda y la potencia que maneja es 500 veces mayor que los equipos comunes y en una velocidad menor a cinco segundos.
Además, puede ser controlado de forma remota a través de las redes de telecomunicaciones, incluso
desde varios miles de kilómetros de distancia y los datos se pueden guardar en el disco para su posterior análisis.

Antecedente. Trobo no es el primer legislador que en este período se preocupa por el tema. En el pasado, el líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, cursó un pedido de informes a los ministerios de Defensa e Interior para saber si entre 2005 y el 1º de marzo de 2010 alguno de sus teléfonos personales o laborales fueron intervenidos.
Bordaberry tiene dos celulares, pero se siente más seguro hablando por uno de ellos, según comentó en tono de broma a algunos allegados tiempo atrás (Búsqueda Nº 1.565).
La respuesta que obtuvo Bordaberry desde el Ministerio de Defensa fue que no intervino ninguno de sus teléfonos y que, además, solo la Armada Nacional cuenta con equipamiento necesario para realizar escuchas telefónicas.
En tanto, el Ministerio del Interior respondió que la Policía no realiza escuchas telefónicas "sin el pedido de un juez" (Búsqueda Nº 1.571).
Como no quedó conforme, Bordaberry también pidió datos a Antel. Precisamente, la falta de una respuesta concreta por parte de esta empresa pública es uno de los fundamentos que maneja Trobo para descartar la posibilidad de pedirle informes.

"Actas certificadas". Las sospechas del legislador nacionalista refieren a "escuchas ilegales". Sin embargo, las escuchas previstas por ley con fines investigativos están sumamente reguladas por la ley de Control y Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Esta determina, en su artículo quinto, que "en la investigación de cualquier delito" se podrán utilizar "todos los medios tecnológicos disponibles a fin de facilitar su esclarecimiento".
Las vigilancias electrónicas deberán ser "ordenadas por el juez de la investigación a requerimiento del Ministerio Público", que será el encargado de la "selección del material" destinado a utilizarse en la causa. El material que no se refiere al "objeto probatorio" del caso a ser investigado, debe ser descartado por el magistrado.
En la ley se deja constancia de que las pruebas conseguidas deben "transcribirse en actas certificadas" con el objetivo de ser incorporadas al proceso judicial y de que el juez "está obligado" a conservar el material y custodiar los soportes electrónicos hasta el cumplimiento de la condena.