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CARTA DEL DIRECTOR
RICARDO PEIRANO DIRECTOR DE EL OBSERVADOR

El presidente Vázquez, justamente preocupado por cerrar la “brecha digital” entre pobres y ricos, lanzó con éxito el Plan Ceibal para proveer a cada alumno de enseñanza primaria pública de un computador personal. Esa operación alcanzó a 362 mil niños, a 2.068 escuelas que ahora tienen conexión a Internet y aproximadamente a 18 mil maestros. Tuvo un costo de US$ 138 millones. La mayor dificultad para implementarlo fue la oposición del gremio docente por razones que nadie ha explicado claramente aún y Vázquez tuvo que saltarse el circuito educativo y acudir al LATU para implementar el plan.
Si dicho plan mejorará la educación es algo que aún está por verse y las opiniones de los expertos difieren. Pero al menos ha reducido la brecha digital y ha incorporado a esos niños y a sus familias al mundo de la tecnología y de Internet. Y además ha generado interés desde el exterior por esta iniciativa.

Alentado por este éxito, Vázquez decidió impulsar el Plan Cardales para hacer llegar a los sectores menos favorecidos el llamado “triple play”: telefonía básica, Internet y TV por cable. Pero distribuir computadoras es bastante más fácil que hacer jugar en un mismo plan a ANTEL, a los canales de cable uruguayos, a importantes empresas extranjeras proveedoras de acceso a Internet y, sobre todo, a los intereses corporativos de los sindicatos públicos. Para que el Plan Cardales fuera políticamente potable, la primera víctima fueron las empresas extranjeras. Telmex fue despojada de una licencia otorgada previamente por el mismo Poder Ejecutivo. Y otras empresas que operan en telefonía celular quedaron fuera de juego. El Plan Cardales tuvo vía libre mediante decreto presidencial.

Pero en lugar de la lógica pregunta de si es posible establecer un oligopolio por decreto (en este caso, un oligopolio integrado por ANTEL y empresas privadas de capital nacional), y de si es constitucional la discriminación contra empresas extranjeras en la provisión de este servicio, las críticas que llovieron sobre el Plan Cardales vinieron de los sectores más conservadores. En defensa del monopolio de ANTEL y de la exclusión de actores privados nacionales o extranjeros se alzó el PIT-CNT y varios sectores del FA. Mujica convocó a una comisión que ahora recomienda una solución salomónica: conducción de ANTEL pero con cierta participación privada aunque nadie dice cómo financiará el ente estatal las cuantiosas inversiones que el plan requiere.

A este punto, el original Plan Cardales habría sufrido otra amputación: la presencia de empresas privadas uruguayas. Y es bueno preguntarse si realmente tiene sentido llevar a cabo este plan en estas condiciones. Ciertamente más rentable le sería a ANTEL ofrecer su red de fibra óptica como carrier de telefonía, Internet y TV por cable. Sería como una carretera donde diversos actores podrían, pagando un adecuado peaje, ofrecer diversos servicios y a diversos precios.

Eso ocurrió con la telefonía celular, donde la competencia entre ANTEL y dos empresas extranjeras hizo posible que el teléfono celular fuera un artículo al alcance de cualquier habitante. Ya hay más celulares que habitantes en el país y no es porque unos pocos tengan muchos celulares sino porque todos tienen al menos un celular.

Sin embargo, cuando la realidad es incómoda para la ideología o para defender un interés sectorial en detrimento del interés general, es preferible dejar de lado la realidad. Resultado: se recomienda a Mujica dejar de lado no solo la competencia. Si después no se puede cerrar la brecha digital, ya se sabe quienes son los responsables. El presidente electo haría bien en no escucharlos.