Críticas al futuro decreto de televisión digital

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De "ilegal" e "inconstitucional" fue tachado el proyecto para regular la televisión digital tanto por las televisoras privadas como por diversas organizaciones sociales vinculadas al área de la comunicación. Las críticas y aportes al futuro decreto, que fue puesto en consulta pública hasta el viernes pasado, están siendo evaluadas por la Presidencia de la República y el Ministerio de Industria.

La Coalición para una Comunicación Democrática y la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) coincidieron el viernes pasado en calificar de ilegal al futuro decreto, pero desde posturas casi opuestas. Para la Coalición es inconstitucional que la norma reserve tres canales digitales (de los siete en total que se adjudican al sector privado) para los actuales operadores de televisión comercial. Andebu no presentó reparos legales sobre este punto, pero considera que el texto no establece claramente si los interesados en estos tres canales tienen que participar de un llamado abierto y aceptar las numerosas contraprestaciones a las que deben atenerse los futuros titulares de los canales digitales de todos los sectores (nuevos privados, comunitarios, o públicos). Sin embargo, en su artículo 10 el proyecto define que para obtener la autorización para estos tres canales los actuales operadores deben cumplir "con la totalidad de los requisitos exigidos" y aceptar "los términos y condiciones" que se establecen en el decreto.

Las contraprestaciones también fueron cuestionadas desde ambas organizaciones. La Coalición critica la falta de definición y plazos para desarrollar el acceso a la televisión de personas discapacitadas, mientras que desde Andebu proponen que los gastos que genera esta mayor accesibilidad recaigan sobre el Estado. Otro punto en discusión fue el cobro de un canon a los canales para la creación de un Fondo de Producción Audiovisual y Aplicaciones de Televisión Digital. Los privados consideran que es ilegal porque al presentarse como un impuesto no puede establecerse por decreto, sino por ley. Por su parte, la Coalición reclama que el porcentaje a pagar (entre 0,5 y 1 por ciento de sus ingresos brutos) es muy bajo con relación a las ganancias que se obtienen por la televisión comercial. Finalmente, Andebu rechaza el establecimiento de plazos en el uso de una frecuencia, que hasta ahora se otorgaba indefinidamente. Alegan que este cambio es ilegal porque va en contra del decreto 734/978 de 1978, según el cual el Poder Ejecutivo puede modificar una frecuencia que ya asignó o cambiar las condiciones de su uso, "debiendo en esos casos otorgarse frecuencias o establecerse condiciones de funcionamiento lo más similares posibles a las originales". La Coalición reclama precisamente lo opuesto: denuncia que el plazo de 15 años de autorización es muy extenso. Creen que debería usarse el mismo criterio de diez años establecido en el decreto de radiodifusión comunitaria.

En definitiva, el objetivo de Andebu es obtener la titularidad de un canal digital para cada uno de los actuales operadores privados (canales 4, 10 y 12) en las mismas condiciones que hasta ahora, es decir, sin pagar nada y sin plazos que limiten el uso de la frecuencia. Además, advierten que "en caso de que la introducción de estos nuevos condicionamientos causara un perjuicio económico relevante a los operadores del sector, el mismo deberá ser asumido por el Estado". Por lo tanto el Estado debería resarcir a los canales privados por las posibles pérdidas que tuvieran con las nuevas condiciones. El abogado Martín Prats, profesor de derecho en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, explicó a Brecha que en tanto los operadores privados están usando un espectro (que es un bien público) con un afán lucrativo, el Estado puede exigir condiciones para su uso.

Probablemente muchas de estas discusiones ?como la potestad del Estado de establecer contraprestaciones al uso de frecuencias? quedarían sin efecto de existir un marco regulatorio general con carácter de ley respecto a los servicios de comunicación audiovisual. El decreto de televisión digital parece ser un avance en este sentido, pero aún es necesario saber cuál será su redacción final tras ser discutido por Presidencia en conjunto con el Ministerio de Industria, Energía y Minería.