Comparando leyes de medios. Las barbas del vecino y nuestro remojo

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CARAS Y CARETAS | NACIONALES | 24/05/2013 | Pág . 6
Comparando leyes de medios. Las barbas del vecino y nuestro remojo
Finalmente, la ley de servicios de comunicación audiovisual llegó al Parlamento, y aunque es probable que la oposición patalee un poco, difícilmente consiga prender a los medios de comunicación mayoritarios en su gesta.
El temor de la oposición y de los canales de que la ley se pareciera a la ley de medios argentina enseguida se disipó, no tanto porque la ley no sea prácticamente igual a la polémica norma de la vecina orilla, sino porque en el camino a su discusión parlamentaria fue convenientemente desafilada en algunos aspectos para que no provocara el mismo nivel de discordia.
Después de leer el proyecto y su exposición de motivos no queda más que felicitar al gobierno por atreverse a articular una norma de tan buena calidad tanto formal como sustancial y, lamentarse, nuevamente, de la debilidad tremenda que ostenta el Frente Amplio cuando se trata de hincarle el diente a las cosas.
Veamos un pequeño análisis comparativo de las similitudes principales -sin contartodos los aspectos administrativos farragosos que son prácticamente iguales en todos lados- entre nuestra ley y la ley argentina, tan "preocupante" para los legisladores de la oposición que se hacen eco como loritos de lo que viene del otro lado del río sin detenerse a estudiar. Ambas leyes se meten con los servicios de comunicación que utilizan el espectro radioeléctrico y con los servicios para abonados (o suscriptores, como dicen en Argentina) y satelitales. En ambas leyes se establece que los servicios de comunicación audiovisuales son de interés público y se fundamenta por qué el Estado se tiene que meter. Las dos leyes describen minuciosamente la importancia de la libertad de expresión, el derecho a la información, y la necesidad de una comunicación que respete los derechos humanos, informe, eduque, promueva la cultura y la producción nacionales y no discrimine. Las dos leyes crean un consejo de comunicación audiovisual y otra serie de organismos autónomos para garantizar la aplicación de la norma, y definen con precisión cómo será la adjudicación de licencias, que ahora serán temporales y renovables y ya no más precarias y revocables, que además de ser una forma arbitraria de adjudicar, permitía al gobierno tener controlados a los medios. En las dos leyes se estipula un porcentaje mínimo de producción nacional, que en casi todos los casos es el mismo -60 por ciento-, aunque en las radios argentinas puede llegar hasta 70 por ciento, y después hay detalles más bien asociados con asuntos de escala, que hacen a la producción local, provincial y cosas así que en Uruguay no alcanzan a regularse. Y finalmente, entre otras muchas similitudes que no vale la pena reseñar, las dos leyes establecen límites de concentración, incompatibilidades y requisito de los adjudicatarios, que en este caso me voy a permitir comparar con más detalle, porque hacen a lo que después serán las grandes diferencias entre ambas leyes.
CASO URUGUAYO
En el artículo 44 se establece que "una persona física o jurídica privada no puede ser beneficiada con la titularidad, total o parcial, de más de tres autorizaciones para prestar servicios de radiodifusión abierta de radio o televisión, ni más de dos para prestar servicios de radiodifusión abierta en la misma banda de frecuencias (AM, FM, televisión)".
En el caso de la televisión para abonados
(cable), el artículo 45 dispone que "una persona física o jurídica privada no puede ser beneficiada con la titularidad, total o parcial, de más de seis autorizaciones o licencias para prestar servicios de televisión para abonados en el territorio nacional ni más de una autorización para licencia para un mismo ámbito de cobertura local o parcial. El número de seis autorizaciones o licencias será reducido a tres en el caso de que una de las autorizaciones o licencias incluya el departamento de Montevideo". Sobre la penetración de los cables particulares, el artículo 46 dice, por su parte, que "el total de suscripto-res de las empresas de televisión para abonados autorizadas en todo el territorio nacional no podrá superar el 25 por ciento del total de los hogares con televisión para abonados de todo el país".
Además, si hay otras señales en una localidad, "el total de suscriptores de las empresas de televisión para abonados autorizadas […] no podrá superar el 35 por ciento del total de hogares con televisión para abonados de cada territorio…".
CASO ARGENTINO
En el caso argentino existe la misma regulación, aunque ligeramente distinta por cuestiones de escala. Veamos:
"Artículo 45. Multiplicidad de licencias. A fin de garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local se establecen limitaciones a la concentración de licencias. En tal sentido, una persona de existencia visible o ideal podrá ser titular o tener participación en sociedades titulares de licencias de servicios de radiodifusión, sujeto a los siguientes límites: 1. En el orden nacional: a) Una (1) licencia de servicios de comunicación audiovisual sobre soporte satelital. La titularidad de una licencia de servicios de comunicación audiovisual satelital por suscripción excluye la posibilidad de ser titular de cualquier otro tipo de licencias de servicios de comunicación audiovisual; b) Hasta diez (10) licencias de servicios de comunicación audiovisual más la titularidad del registro de una señal de contenidos, cuando se trate de servicios de radiodifusión sonora, de radiodifusión televisiva abierta y de radiodifusión televisiva por suscripción con uso de espectro radioeléctrico; c) Hasta veinticuatro (24] licencias, sin perjuicio de las obligaciones emergentes de cada licencia otorgada, cuando se trate de licencias para la explotación de servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo físico en diferentes localizaciones. La autoridad de aplicación determinará los alcances territoriales y de población de las licencias.
La multiplicidad de licencias -a nivel nacional y para todos los servicios-en ningún caso podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del treinta y cinco por ciento (35%) del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios referidos en este artículo, según corresponda.
2. En el orden local:
a) Hasta una (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de amplitud (AM]; b) Una (1) licencia de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (FM) o hasta dos (2) licencias cuando existan más de ocho (8) licencias en el área primaria de servicio; c) Hasta una (1) licencia de radiodifusión televisiva por suscripción, siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión abierta; d) Hasta una (1) licencia de radiodifusión televisiva abierta, siempre que el solicitante no fuera titular de una licencia de televisión porsuscripción; En ningún caso la suma del total de licencias otorgadas en la misma área primaria de servicio o conjunto de ellas que se superpongan de modo mayoritario, podrá exceder la cantidad de tres (3) licencias".
RESUMIENDO
Como puede verse, ambas normas, aunque con sutilezas, regulan la concentración máxima admisible, y las diferencias más conceptuales tienen que ver con las particularidades de escala y del universo de medios de ambos países. A esto se refieren los políticos opositores cuando hablan de "nefasto ejemplo" argentino, aunque ahora es difícil que se animen a repetirlo. Este artículo, el 45, que es el mismo número y tiene un contenido tan similar con el el artículo 45 uruguayo, fue el que la Cámara en lo Civil y Comercial argentina, también conocida como Cámara en lo Clarín y Comercial, determinó que era inconstitucional en aquellos incisos que afectaban al grupo. En Uruguay no es de esperar que el poderoso artículo 45 sea tan atacado, porque no son tan poderosos los intereses afectados y ya veremos por qué.
Otro punto de similitud, pero en el que después se verán las particularidades desafiladas de la ley de medios uruguaya, es el que refiere a los requisitos de los adjudicatarios, que se establecen en el caso uruguayo en los artículos 96 al 98.
CASO URUGUAYO
En el artículo 96 se establece que los que sean o pretendan ser titulares de servicios de comunicación audiovisual tienen que cumplir una serie de requisitos mínimos, entre los que se cuentan la ciudadanía legal o natural, un domicilio real en el país, preferentemente en la localidad donde se va a prestar el servicio, acreditar capacidad económica, acreditar el origen de los fondos, entre otros, y además se establece una serie de incompatibilidades, en el artículo 97, una de las cuales resulta curiosa en el comparado: "haber sido condenado por delitos de lesa humanidad" es incompatible con poseer un medio".
El artículo 98 habla de los requisitos de las personas jurídicas, y cuando la cosa se pone espesa, dice que las personas jurídicas deben estar constituidas en el país, y que cada uno de sus socios o accionistas debe cumplir con los requisitos de los artículos 96 y 97, pero además establece que "si se tratara de de sociedades por acciones serán nominativas y sus titulares personas físicas; e) no tener vinculación jurídica societaria ni sujeción directa o indirecta con empresas o servicios de comunicación audiovisual extranjeras; f) no ser filiales o subsidiarias de sociedades extranjeras, ni realizar actos, contratos o pactos societarios que permitan una posición dominante del capital extranjero en la conducción de la persona jurídica licenciataria".
CASO ARGENTINO
La ley de medios argentina dice prácticamente lo mismo, aunque en otros artículos.
En su artículo 24. establece las "Condiciones de admisibilidad para las personas físicas", que no difieren de los requisitos exigidos en Uruguay, aunque establece que no sólo los condenados por delitos de lesa humanidad, cosa que no alcanza en Uruguay ni a los que están en Domingo Arena, al menos para la Suprema Corte, sino que se exige "c) No haber sido funcionario de gobiernos de facto, en los cargos y rangos que a la fecha prevé el artículo 5o incisos a) hasta inciso o) e incisos q), r), s) y v] de la ley 25.188 o las que en el futuro la modifiquen o reemplacen".
En el caso del artículo 25, que regula a las personas jurídicas (personas de existencia ideal), también es notable la similitud con la ley uruguaya. "Artículo 25. Condiciones de admisibilidad ? Personas de existencia ideal. Las personas de existencia ideal como titulares de licencias de servicios de comunicación audiovisual y como socias de personas de existencia ideal titulares de servicios de comunicación audiovisual deberán reunir al momento de su presentación al proceso de adjudicación de la licencia y mantener durante su vigencia las siguientes condiciones: a) Estar legalmente constituidas en el país. Cuando el solicitante fuera una persona de existencia ideal en formación, la adjudicación de la licencia se condicionará a su constitución regular; b) No tener vinculación jurídica societaria ni sujeción directa o indirecta con empresas de servicios de comunicación audiovisual extranjeras.
En el caso de las personas de existencia ideal sin fines de lucro, sus directivos y consejeros no deberán tener vinculación directa o indirecta con empresas de servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones, nacionales o extranjeras del sector privado comercial. Para el cumplimiento de este requisito deberá acreditarse que el origen de los fondos de la persona de existencia ideal sin fines de lucro no se encuentra vinculado directa o indirectamente a empresas de servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones, nacionales o extranjeras del sector privado comercial; c) No podrán ser filiales o subsidiarias de sociedades extranjeras, ni realizar actos, contratos o pactos societarios que permitan una posición dominante del capital extranjero en la conducción de la persona jurídica licenciataria.
Las condiciones establecidas en los incisos b) y c) no serán aplicables cuando según tratados internacionales en los que la Nación sea parte se establezca reciprocidad efectiva en la actividad de servicios de comunicación audiovisual; d) No sertitular o accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de las acciones o cuotas partes que conforman la voluntad social de una persona de existencia ideal titular o accionista de una persona de existencia ideal prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal; e) Las personas de existencia ideal de cualquier tipo, no podrán emitir acciones, bonos, debentures, títulos o cualquiertipo de obligaciones negociables, ni constituir fideicomisos sobre sus acciones sin autorización de la autoridad de aplicación, cuando mediante los mismos se concedieren a terceros derechos a participar en la formación de la voluntad social.
En ningún caso se autoriza la emisión de acciones, bonos, debentures, títulos o cualquiertipo de obligaciones negociables o constitución de fideicomisos sobre acciones, cuando de estas operaciones resultase comprometido un porcentaje mayor al treinta por ciento (30%) del capital social que concurre a la formación de la voluntad social.
Esta prohibición alcanza a las sociedades autorizadas o que se autoricen a realizar oferta pública de acciones, las que sólo podrán hacerlo en los términos del artículo 54 de la presente ley; f) No ser deudor moroso de obligaciones fiscales, previsionales, sindicales, de seguridad social o de las entidades gestoras de derechos, ni ser deudor del gravamen y/o multas instituidas en la presente ley; g) Poder demostrar el origen de los fondos comprometidos en la inversión a realizar".
LA DIFERENCIA
Pero entonces, si son tan parecidos, ¿dónde está la causa de que la del otro lado del río sea tan polémica y ésta venga viento en popa? Pues bien, las diferencias vienen en otros artículos. En particular, el artículo 99 de la ley uruguaya, que de plano dice que todos esos requisitos buenísimos y exigentes que venimos detallando para las personasjurídicas… pues olvídelos. El título del artículo ya es tremendo: "Excepciones a los requisitos de las personasjurídicas". Y el texto es peor:
"Las condiciones establecidas en los literales c. (que los socios o accionistas cumplan los requisitos e incompatibilidades de los artículos 96, y 9?) d. (que si se tratara de sociedad por acciones, dichas acciones fueran nominativas y sus titulares personas físicas] e. (no tener vinculación jurídica societaria ni sucesión directa o indirecta con empresas de servicios de comunicación audiovisual extranjeras) y f. (no ser filiales o subsidiarias de sociedades extranjeras, etcétera, etcétera) NO SERÁN APLICABLES a aquellos servicios de comunicación audiovisual cuyos titulares hayan obtenido la autorización o licencia correspondiente con anterioridad a la vigencia de la presente ley". Bueno, ahí está parte de la explicación de que acá las cosas sean más sencillas. En la ley de medios argentina no hay excepciones. Se aplica y se aplica. Pero hay otra razón para que las cosas sean más amables de este lado, y se encuentra en las disposiciones finales.
En el artículo 161 de las disposiciones finales de la ley argentina, que regula la adecuación, dice: "Los titulares de licencias de los servicios y registros regulados por esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un (1) año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Vencido dicho plazo serán aplicables las medidas que al incumplimiento ?en cada caso? correspondiesen" .
En el caso uruguayo, de un modo difícil de explicar se dividen los plazos de adecuación, así que para casi todo es de un año (12 meses) como en la ley argentina, pero en el caso de las normas anticoncentración, curiosamente, se extiende a cinco años en el artículo 75, sin explicación comprensible.
En efecto, en el artículo 174 de la ley uruguaya, cuyo título es "Adecuación a la normativa anticoncentración", se dispone: "En caso de existir situaciones actuales que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley superen los límites de concentración definidos, los titulares de servicios de comunicación audiovisual deberán transferir las autorizaciones o licencias necesarias para no superar el límite de concentración establecido, para lo cual dispondrán de cinco años a partir de la vigencia de esta ley, para haber culminado efectivamente la transferencia".
Esta última gracia de un lustro es inexplicable y junto con la excepción de aplicación establecida en el artículo 99 fundamenta por qué allá la ley de medios es un quilombo que ha provocado una batalla monumental y. en cambio, en Uruguay, lo más probable es que no se levante ni una sola ola. Eso, y el hecho no menor de que en Uruguay no hay algo así como un grupo Clarín o una Rede Globo. Hay concentración, pero menos global y menos poderosa.
La ley de servicios de comunicación audiovisual es buena, garantista, moderna, a tono con lo que se está discutiendo en los lugares donde estas cosas se analizan y discuten, y además nos va a proporcionar un cuerpo normativo mucho más adecuado para un país que aspira a una democracia plena. Pero tiene concesiones y debilidades innecesarias. En fin, veremos que la matizan demasiado. Si a ello le sumamos un decreto llamando a interesados para la televisión digital, donde los canales tienen prerrogativas, entonces es obligatorio concluir que no se va tan a fondo como se podría y como se debería. A la larga, eso tiene sus consecuencias.