ARDUA META REFORMISTA

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Tener un cuerpo más eficiente de funcionarios públicos es una meta tan prioritaria como ardua del presidente electo José Mujica como parte de la reforma del Estado. Ha sido un paso en la buena dirección la confirmación de Conrado Ramos en la OPP. Pero se necesitará mucho más que un funcionario competente para encarrilar nuestro anquilosado servicio civil. Ramos, que ya ha estado trabajando en esta área durante la administración del presidente Vázquez, recibió de Mujica la encomienda de seguir de cerca las reformas de Nueva Zelanda, presumiblemente para aplicarlas (o tenerlas como modelo) en nuestro país hasta donde sea posible.
Es incierto el alcance que pueda tener esa aplicación. Bajo un convenio suscrito por el gobierno saliente, los neozelandeses nos aportan su propia experiencia en la reforma exitosa del sector público. Nueva Zelanda estaba al borde de la ruina por el peso de una vasta estructura estatal, tan rica en costos como pobre en resultados. Hace más de dos décadas dio una vuelta de campana. Entre otras reformas drásticas, privatizó servicios públicos y redujo agudamente la plantilla estatal, convirtiendo la función pública en una carrera en la que el mérito y el rendimiento reemplazaron la inefectiva acumulación inercial de años de trabajo para escalar posiciones.

Tocar las empresas públicas no está en la agenda uruguaya. Al contrario, sindicatos y algunos sectores del Frente Amplio insisten en rechazar la presencia privada y presionan para profundizar monopolios estatales, como ya ocurrió con los ferrocarriles y va camino de pasar con el Plan Cardales para proteger las ineficiencias de ANTEL aunque pierda el país entero. Pero tal vez –y es un gran tal vez– sea más factible lograr avances en la estructura de la plantilla estatal de la administración central. Mujica ha reclamado tener funcionarios públicos “más productivos”, en línea con planes que Ramos ha venido liderando bajo la administración Vázquez para que la carrera administrativa se rija por mérito y rendimiento de los trabajadores. Ha propuesto reemplazar la dirección general de los ministerios, actualmente un cargo político, con gerencias técnicas independientes del poder político.

Lo hecho hasta ahora y la imitación muy restringida de Nueva Zelanda no bastan para modernizar el servicio civil. No se oye ni un susurro sobre eliminar la inamovilidad de los trabajadores del Estado, inducción notoria a que muchos funcionarios, protegidos de por vida, se despreocupen de la calidad de su trabajo. Lo mismo ocurre con salarios distorsionados para la misma tarea según cual sea la dependencia estatal a la que esté adscrito el funcionario. Y aun mejoras de menor alcance dependerán en gran parte de cómo reaccionen los usualmente díscolos sindicatos públicos y la conducción del PIT-CNT, actualmente peleada con Mujica por la financiación privada de la ceremonia de asunción presidencial. Solo el tiempo dirá si el empeño y las ideas de Mujica y sus colaboradores en este tema logran quebrar la renuencia al cambio y la enquistada resistencia sindical a todo lo que pueda rozar sus privilegios.