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El fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) contra ANTEL es un oportuno y rotundo recordatorio de que, excepto en las áreas en que el Estado todavía se aferra a monopolios improcedentes , todos los organismos del sector público están legalmente obligados a observar las reglas de la libre competencia con privados. Esta libertad, esencial en un Estado de derecho y en una economía que presume de ser abierta, beneficia directamente a la población al darle la oportunidad de optar entre servicios ofrecidos por empresas que compiten en calidad y precios, en vez de la atadura obligatoria cuando existe un solo proveedor.

Lo ocurrido con ANTEL se agrava porque supone irregularidades notorias que comprometen también a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), organismo estatal responsable por el cumplimiento de las normas legales en ese campo. El tema se arrastra desde 2005, cuando ANTEL comenzó a utilizar en el interior una frecuencia para celulares. El ente de comunicaciones argumentó en su momento que la frecuencia estaba destinada a telefonía fija, en la que ANTEL mantiene el monopolio, pese a que es utilizable para telefonía móvil, en la que existe libre competencia.

Ursec advirtió la flagrante contradicción al multar a ANTEL en 2007. Pero inexplicablemente autorizó al ente a seguir utilizando esa frecuencia bajo un permiso precario. La empresa privada española Telefónica, que opera en Uruguay los servicios de Movistar, denunció fundadamente ante el TCA esta violación de la libre competencia. El TCA, responsable por vigilar la legalidad de los actos del Estado, le dio la razón a Telefónica, estableciendo como ilegítimo el uso de la frecuencia por ANTEL. También censuró a la Ursec por haber vulnerado "los principios de igualdad y libre concurrencia" al desconocer el interés de otros operadores. Recién después del fallo del TCA, la Ursec anunció haber conminado a ANTEL a normalizar la situación. Esto debió hacerse hace cuatro años, cuando la Ursec multó a ANTEL por el uso ilegal de la frecuencia, sin esperar a que el TCA pusiera la irregularidad al descubierto.

Uruguay viene atenuando desde hace muchos años la perniciosa práctica de los monopolios estatales, sistema que solo se justifica en unas pocas áreas, como la seguridad o la defensa de la soberanía. Los avances hacia la libre competencia incluyeron, entre otros, la educación universitaria y sectores de los mercados de seguros y de comunicaciones.

Pero persiste en buena parte del sector público y de la población una cultura estatista que sigue favoreciendo al Estado como proveedor de servicios, pese a que va directamente contra los intereses de la gente y el desarrollo tecnológico del país.

La competencia de firmas privadas obliga a las empresas públicas al mejoramiento de sus servicios para no quedar rezagadas. Esta situación es notoria en el caso de ANTEL, que ha evolucionado en aquellas áreas donde hay competencia, como la telefonía celular, pero que ignora o avanza a paso de tortuga en otras áreas claves para Uruguay, como es el área vital del acceso a internet, donde los uruguayos pagamos mayores precios por servicios de menor calidad que en la región. El fallo del TCA, además de poner al descubierto una irregularidad, es una advertencia a la estructura estatal de que las leyes están para ser cumplidas por todos, sean empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras